Belén tuvo claro que algo no iba bien nada más ver su mirada. En cuestión de segundos, el interno la tenía agarrada por la espalda y presionaba su cuello con una barra de hierro.
"La había cogido del interior de una cisterna y se la había escondido en la escayola", recuerda. En el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales en el que trabaja, uno de los más conflictivos de España, los menores infractores cumplen condena en régimen de internamiento. Aquí, cualquier objeto puede ser un arma: un boli, unas llaves …
"Hace 3 meses que en un módulo desaparecieron dos bolígrafos que todavía no se han encontrado pero es que además en otro módulo, rompieron una pared y se cayeron 28 azulejos. Ahora hay un hueco del que pueden arrancar los azulejos y ya tienes ahí el arma. Esto nos obliga a tener que acompañarles al baño, esperar a que terminen y contar los azulejos para ver que no falta ninguno".
La dirección del centro no arregla esa pared. La inspección de trabajo no exige arreglarla y nadie denuncia estas agresiones a las autoridades. Hay centros en los que en un año, los sindicatos han llegado a registrar 2.000 agresiones.
Estamos hablando de perfiles muy conflictivos, "auténticas bombas de impulsividad" que se traducen en motines continuos.
El Defensor del Pueblo apuesta por razonar
En este contexto, el año pasado recibieron en este centro la visita de unos técnicos del Defensor del Pueblo que determinaron que estaban siendo "muy estrictos con los internos" y que "en lugar de emplear los protocolos de seguridad, hay que priorizar razonar con ellos".
Para Belén, algo insostenible: "Mientras hablas con ellos le estás permitiendo que dé puños, que rompa interruptores, que rompa ventanas … Y mientras tanto, tienen que estar seis vigilantes sosteniéndole durante horas" porque tampoco cuentan con medios de retención.
"Nos quitaron las correas, que las hay en cualquier centro médico. No olvidemos que hay un módulo terapéutico para internos con problemas psiquiátricos, y tampoco se nos permite el uso de esas correas. Pues, perdona que te diga, pero el uso de correas no es ninguna tortura y vienen fenomenal para cuando tienes a un toro de Miura que no hay quien lo controle".
Y es que, como explica, el hecho de que seis vigilantes no puedan atender otras incidencias durante horas es tener a los trabajadores desprotegidos y "mermar el bienestar de los otros internos".
En 2019 el Defensor del Pueblo recomienda la abolición de esas correas de sujeción y en 2021 pasan a estar prohibidas en la Ley de protección a la infancia. En ese lapso de tiempo, no se escuchó a los trabajadores que de forma reiterada invitan a las autoridades "a pasar un turno de 8 horas en los centros".
"Que le quede claro al Defensor del Pueblo, a los letrados, a quien sea: No son angelitos. Están aquí porque están cumpliendo condena, algunos por verdaderas atrocidades. Y ahora viene aquí un señor a decirnos que hay que poner cortinas en las duchas. Pues ya te digo yo lo que va a pasar: Que va a venir un interno, se la va a enrollar a otro en el cuello y lo va a ahorcar. Así como te lo digo, sin dudarlo".
En este tipo de centros, los trabajadores están acompañados por un vigilante de seguridad al que también se le ha arrebatado cualquier atisbo de autoridad.
"Se nos ha quitado la autoridad por completo"
Miguel Ángel es vigilante en el Centro de Medidas Judiciales de Badajoz. Recuerda cómo "hace un mes un interno golpeó a un compañero con los grilletes y le abrió la cabeza". En dos años, ya suman varias piernas rotas, fracturas de nariz y los partes por contusiones son casi diarios. "En nuestro centro, el día a día es muy duro porque los menores se han hecho casi los dueños del centro y tienen mucha impunidad a la hora de actuar allí".
En junio tres vigilantes fueron agredidos. Un mes después otra trabajadora sufrió una agresión por parte de un menor que cumplía condena por un crimen. Incluso en casos así, los vigilantes tienen limitado el uso de los grilletes.
"Se nos ha quitado la autoridad por completo. De hecho, los nuevos protocolos que están saliendo nos dejan la defensa y los grilletes pero la ley nos dice que sólo se pueden usar en casos muy extremos y bajo autorización de dirección". Una situación que merma rapidez de actuación y que obliga a los vigilantes a eludirla porque se enfrentan a sanciones e incluso al despido: "De hecho en mi centro – recuerda Miguel Ángel – ya han echado a varios vigilantes por considerar que su actuación era desproporcionada".
En muchas ocasiones, incluso van a juicio a posteriori. Una circunstancia que prefieren evitar.
¿Con qué herramientas cuentan?
Ante una agresión o una conducta violenta, la única medida que se aplica son las sanciones: "Por ejemplo, en una agresión grave, la sanción máxima es de siete días de separación de grupo, al final se queda en tres. Estamos hablando de abrir una cabeza o romper una pierna que eso ya debería ser lo más grave", explica Miguel. Por destrozos materiales, son 2 días separados del grupo. "Así es imposible frenar cualquier tipo de conducta violenta y mantener un ambiente de respeto", continúa Belén.
Todos los trabajadores con los que hemos hablado coinciden en la misma demanda: que los centros interpongan denuncias cada vez que un interno provoca un destrozo o agrede a una persona. "De esta manera se enfrentaría a más meses de internamiento. Esto es lo único que sería efectivo, pero desde la dirección de los centros, no se actúa".
Algunos de los entrevistados sólo se explican esta dejación en los centros por una cuestión estadística a la hora de reportar. Pero lo cierto es que este tipo de agresiones no se contabilizan, no hay una estadística oficial porque "como no se denuncia, no hay un registro".
Algunos directores con los que hemos hablado aseguran "estar atados de pies y manos por las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la propia Ley del menor". En uno de los centros, incluso, justifican la laxitud en las penalizaciones en la "dignidad de los internos".
"Si un interno se fuga, puerta"
Es por todo esto que los trabajadores han dejado de enfrentarse a ellos: "Con las de veces que a mí me han dicho antes está tu salud si un interno se fuga y echa a correr, puerta. ¿Que yo me voy a imponer a un interno?"
Su salud y la poca vocación que puede quedar después de esto no valen los 1.100 euros que cobra Miguel Ángel, ni los 1.400 euros que cobra Belén. En su sueldo va incluido el plus de peligrosidad, que lo perciben también los trabajadores que no comparten el día a día con los internos: cocineros, psicólogos ...
Y si se hace imposible imponer un castigo, también es complicado aplicar cualquier política de reinserción. De esta manera, cuando estos jóvenes cumplen su condena, vuelven al centro de menores y, si vuelven a delinquir, vuelven al Centro de Medidas Judiciales. Así, hasta que son mayores de edad. Entonces, salen de estos centros con una ayuda de emancipación, pero en muchos casos, sin tener un entorno favorable al que ir.
El próximo viernes, escucharemos las historias de algunos de estos menores que deberían estar tutelados pero que también sufren este sistema basado en la dejación más absoluta que vamos conociendo semana a semana.