Jueces, magistrados, fiscales y abogados realizarán este miércoles una huelga en protesta por la ley de tasas del ministro Gallardón. El jurista Jaime Gómez de Liaño ha asegurado en Es Noticia que "la ley no me parece tan mala" al mismo tiempo que ha añadido que "comprendo que hay mucha gente alborotada y que todos estos portavoces estén intentando explicar a la ciudadanía lo que consideran un impuesto por pleitear".
Gómez de Liaño, que ha apuntado que "me he leído la ley de arriba abajo", ha señalado que "confundir a la gente a través del vocerío es más sencillo" por lo que ha recomendado a "los gremiales colegas (jueces, fiscales y abogados) que vieran el prólogo y que estudien una cuestión que ya llegó al TC".
Una cuestión, como ha recordado, "que resolvió en mayo y en febrero apoyándose en una jurisprudencia del TC y que venía a decir que la cuantía de las tasas es lo más relevante porque cuando una causa judicial persigue un fin constitucionalmente lícito, como es contribuir a financiar los costes generados por la actividad judicial, la tasa puede ser y es constitucional, siempre que parta de un juicio de proporcionalidad, que no sea una tasa desproporcionada".
Liaño ha recordado también que "no hace mucho tiempo la Asociación Profesional de la Magistratura, la más mayoritaria, hablaba, partiendo de un estudio muy serio, que en España hay una letigisiodad desmesurada". Esto "provoca por colapso un ineficiente funcionamiento de la justicia".
La asociación señaló que "sería conveniente poner coto a pretensiones de demanda de justicia a veces no muy justificada o a la interposición de recursos innecesarios que suponen costos de tiempo, de sosiego y de dinero para la ciudadanía".
Tasas desproporcionadas
En cuanto a la polémica por las cuantías de las tasas, Gómez de Liaño ha puesto como ejemplo el recurso de una sanción de tráfico, "es el ejemplo que permite un mejor reproche a la ley de tasas". Sin embargo, ha matizado que "la ley de tasas no contempla sólo eso, contempla la exclusión de la tasa judicial en los procesos verbales o monitorios de cuantías inferiores a 2.000 euros y a aquellos que carezcan de recursos para litigar".
Por tanto, considera que "una tasa judicial podría significar una disminución de la conflictividad judicial" a la vez que recomienda a los abogados "aconsejar a la gente evitar pleitos y recurrir a medios alternativos como la conciliación, el arbitraje o la transacción". De esta forma, "descargaríamos a los juzgados y los jueces y magistrados dictarían resoluciones más tranquilas y serenas".
Al mismo tiempo ha apuntado que "la justicia en España está ocupada en un 70% por la vía penal, que está exenta de tasas" mientras que "en los procedimientos civiles, especialmente los recursos de apelación o el de casación, tienen una tasa excesivamente elevada pero no estaríamos hablando de una inconstitucionalidad sino de una desproporción".
Por último se ha declarado "totalmente contrario a una huelga de togas de jueces y magistrados" y ha subrayado que "la Constitución no reconoce a jueces y magistrados el derecho de huelga".