La Xunta inyectará a partir del mes que viene 230 millones de euros adicionales a su capacidad de gasto para mejorar los servicios sociales, reducir la lista de espera de ciudadanos con derechos a prestaciones como la ayuda por dependencia o la renta de inclusión social y aplicar la subida salarial a los empleados autonómicos del 1%, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero pasado, entre otras medidas.
El Consello semanal del Ejecutivo gallego aprobó esta mañana un proyecto legislativo para incluir los 230 millones que el Gobierno central le aportará debido al incremento de la recaudación por IPPF e IVA, que ha superado las expectativas. La cifra supone un añadido a los 9.063 millones que la Xunta manejaba de presupuesto para este año y que suponía también su techo de gasto. Al superar este máximo, el Ejecutivo debe realizar una modificación legal que confía en aprobar en el pleno de mediados de julio, según expuso el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.
Subida salarial
La subida salarial del 1% es la misma que autorizó el Gobierno central para su plantilla. La Xunta aprobó la misma medida justo el día en que entraron en vigor los presupuestos estatales, publicados hoy en el Boletín Oficial del Estado. Estapartida copará 73 millones de euros y Feijóo añadió la recuperación de pagas recortadas durante la crisis para elevar el aumento este ejercicio hasta el 4%, lo que tradujo en un pago medio de 1.400 euros por empleado.
El"refuerzo del gasto social"será el aspecto que mayores recursos cope de esta nueva inyección de fondos, con 113 millones. Estos irán a parar a medidas ya anunciadas y comprometidas por el Ejecutivo, como la atención a 3.000 nuevos dependientes a final de año o a 1.000 perceptores de la renta de inclusión social. El anuncio se produce el mismo día que se conoció que la Valedora do Pobo ha abierto una queja de oficio por los retrasos de hasta seis meses para recibir este cheque de 400 euros mensuales de media para familias con bajos ingresos, cuya cuantía abona la Consellería de Política Social. Las solicitudes, sin embargo, son responsabilidad de los ayuntamientos.
Política Social se llevará 14 millones para medidas como estas, mientras que Sanidade recibirá 60para mejorar centros de saludad, reducir las listas de espera y universalizar los fármacos contra la hepatitis C, según expuso Feijóo. Para educación irán 11 millones.
"Impulso económico"
Otros 42 millones tendrán como objetivo medidas para el "impulso económico", como planes de empleo y formación en el rural o medidas para que los beneficiarios de la Risga puedan compaginar esta ayuda con un trabajo. Esta medida está prevista en la Lei de Inclusión Social de 2013, pero su aplicación depende de la aprobación de un reglamento que todavía no ha sido aprobado. La Consellería de Política Social se ha comprometido a darle luz verde antes de finalizar este año.
Para la "movilización de tierras en el rural" se destinarán cinco millones, más otros 19 en infraestructuras. Una partida también tendrá como finalidad la "ayuda humanitaria" a los gallegos que residen en Venezuela.