Las reclamaciones presentadas por diferentes empresas constructoras ante el Ministerio de Fomento por haber tenido paradas las obras del AVE -el ministro De la Serna cifró en 66 los tramos paralizados- y ahora Adif ha sacado a concurso 3,48 millones de euros los "informes periciales y contrapericiales" que examinen esas reclamaciones. Esto es lo que ha sucedido en los dos últimos años, que han sido críticos con la llegada del AVE a Galicia. De hecho, las dificultades técnicas, los conflictos con las constructoras y el año de interinidad política derivaron en la situación actual, con el compromiso de Fomento de culminar las obras en el tercer trimestre de 2019 con una alta velocidad provisional. Actuaciones como las variantes de Ourense y Vigo, o las proyectadas estaciones intermodales, quedarán para años posteriores.
En los ejercicios de 2015 y 2016, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) habían consignado 924 millones y 773 millones, respectivamente, para avanzar en la conexión ferroviaria, aunque se acabaron ejecutando menos. Hasta 17 tramos llegaron a estar bloqueados en la conexión entre Ourense y Zamora, entre ellos, adjudicaciones a empresas del grupo ACS de Florentino Pérezentre Lubián y Ourense. La constructora entabló una negociación sobre la resolución técnica y los sobrecostes con Adif, que no se resolvió hasta comienzos de este año.
En este escenario de ralentización, los conflictos abiertos con el gestor de infraestructuras ferroviarias provocaron un incremento de las provisiones de un 75% en un año por los litigios mantenidos con las constructoras. Estas provisiones por reclamaciones de las adjudicatarias -básicamente, revisiones de precios y otros sobrecostes por la ampliación de plazo de las obras o por errores técnicos en las mediciones- ascendían a 149,6 millones a cierre de 2015, según consta en las cuentas de Adif Alta Velocidad, la empresa que se dedica a la construcción y mantenimiento del AVE. Doce meses después, se elevaban a 262,7 millones.
En Adif aclaran que el montante total provisionado es mayor, 320,3 millones, al corresponderse otra dotación de más de 57 millones para las discrepancias pendientes por los terrenos expropiados para la ejecución de la infraestructura. Es decir, por reclamaciones de los expropiados. El gestor de infraestructuras no ofrece datos totales ni desglosados sobre reclamaciones y remite a la cuantía provisionada como referencia de las demandas en curso.
Estos fondos se reservan para el conjunto de las obras del AVE, si bien fue en el año de parálisis administrativa en el desarrollo de la alta velocidad a Galicia cuando se dispararon las reclamaciones. A este montante hay que añadiruna provisión adicional de 225,6 millones que Adif tiene consignada para distintos litigios en curso relacionados con "reclamaciones por responsabilidad patrimonial y expropiaciones". Esta partida ya constaba el año anterior. Se rebajó en 32 millones respecto al ejercicio previo por la resolución de acciones judiciales.