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Unanimidad en O Hórreo para llevar al Congreso la petición de traspaso de la AP-9

PPdeG, En Marea y PSdeG formarán parte de la delegación que debatirá la propuesta en Madrid, de la que fue excluido el BNG.

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Un tramo de la Autopista del Atlántico. | EFE

Tal y como estaba previsto, el Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad la proposición de ley pactada entre los cuatro grupos para reclamar al Gobierno la transferencia de la titularidad de la AP-9. Una "empresa difícil", que no cuenta con "precedentes", según ha advertido el representante del PPdeG en el debate, Martín Fernández Prado.

Tanto es así que el Gobierno vetó el debate en el Congreso de la anterior ley aprobada con el mismo fin: la reclamación para Galicia de las competencias sobre esta vía. Ahora, como han indicado todos los portavoces, el nuevo texto normativo excluye todas las referencias a plazos y costes que motivaron su paralización.

Pese al acuerdo unánime, el debate plenario ha sido el escenario de las quejas del BNG, el grupo minoritario, por no poder acudir a la Cámara baja para reclamar el traspaso de la infraestructura. "La democracia no es aritmética", ha clamado Ana Pontón, tras reivindicar a su grupo como "autor" de la normativa para reclamar una de las tres plazas disponibles.

No obstante, el resto de fuerzas políticas han hecho valer su número de escaños (la mayoría absoluta del PPdeG y los 14 tanto de PSdeG como de En Marea) para designar a los representantes que enviarán a Madrid en defensa del texto. A Fernández Prado lo acompañarán Antón Sánchez (En Marea) y Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG).

Choque PSdeG-BNG

Pero más allá de la cuestión numérica, Leiceaga ha aprovechado su intervención ante el pleno para censurar la "lamentable actuación" y el "victimismo fuera de lugar" del Bloque, en relación a las palabras de Pontón sobre la "pinza" de los otros grupos para "excluir" a los nacionalistas. "¿Les parece honesto y ético?", llegó a preguntar.

"Pretender patrimonializar esta iniciativa es la mejor garantía de su fracaso", ha respondido en el siguiente turno el dirigente socialista, convencido de que "lo único que importa" es que se apruebe la transferencia de la mencionada autopista y "no que alguien se ponga una medalla que no merece".

Por su parte, Antón Sánchez ha lamentado que el BNG no pueda intervenir en el Congreso debido a que sólo se recibe a tres representantes de cada cámara autonómica. "Abierto a explorar posibilidades para aumentar la pluralidad", lo que ha dejado claro es que "la segunda fuerza" en número de votos tiene que estar presente.

Es un argumento similar al utilizado por Fernández Prado, quien ha alegado que "el grupo mayoritario debe estar representado". Eso sí, ha asegurado a la portavoz del BNG que los argumentos de la Cámara gallega en defensa de la titularidad de la AP-9 serán "perfectamente" trasladados en las Cortes Generales.

Rebaja de peajes

Al margen de esta cuestión, el debate ha girado sobre las posibilidades de reducir los peajes de la AP-9, que Ana Pontón ha tildado de "escándalo" y "estafa".

De hecho, se ha preguntado por qué el Gobierno tiene 3.500 millones de euros para rescatar las radiales madrileñas pero "cero" para nuestra autopista, al tiempo que, mirando hacia PPdeG y PSdeG, les ha preguntado si en eso consiste la "solidaridad" interterritorial de la que hablan "los partido estatales".

A renglón seguido, Leiceaga ha recordado que la situación actual de la AP-9 deriva de "la mala decisión" del gobierno de José María Aznar, con Manuel Fraga al frente de la Xunta, de prorrogar su concesión hasta 2048. Con todo, ha puesto el foco en que el traspaso de la vía a Galicia podría derivar en "una rebaja sustancial" de los peajes.

Y es que, como ha explicado, el Estado obtiene un saldo positivo de esta infraestructura porque las obras en ella se pagan a través de los peajes y porque recibe unos 500 millones de euros a través del impuesto de sociedades hasta el término de la concesión. Estas cifras son la que, a su juicio, habría que hacer valer en la comisión mixta de transferencias.

En Marea también ha hecho recaer sobre los populares la responsabilidad del "saqueo" de la AP-9, "privatizada a precio de amigo a Sacyr, una empresa donante del PP según los papeles de Bárcenas". Y, tras apuntar que "uno de cada dos euros recaudados en peajes son beneficios antes de impuestos", ha defendido que existe "margen" para su rebaja.

"Queremos un cálculo oficial sobre la viabilidad del rescate. Que la Xunta no lo haya hecho demuestra su postura", ha sentenciado Sánchez, si bien el portavoz popular ha pedido "no confundir" los peajes con el traspaso.

"Hecho sin precedentes"

Después de que Leiceaga conminase a los populares a "convencer" a sus compañeros de filas en el Congreso para que respalden esta ley, Fernández Prado ha destacado que "uno de los valores y de las fortalezas" que tiene el texto es "el acuerdo" logrado en Galicia.

Pese a ello, ha señalado que lograr el traspaso de la vía es "una empresa difícil" y que sería "un hecho sin precedentes", toda vez los casos de Euskadi y Cataluña "no son asimilables" por las peculiaridades existentes.

Por último, el diputado popular ha reivindicado la "coherencia" de su grupo en Galicia a favor de la transferencia de la AP-9 "esté quien esté gobernando en Madrid". "Nosotros siempre estuvimos a favor: en la oposición y en el gobierno", ha resuelto.

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