Más de un millón de euros, concretamente 1,6 millones es la cuantía de las facturas que emitieron las empresas que prestaron servicios de limpieza, recogida de residuos, actividades deportivas y de ocio, servicios eléctricos o labores de saneamiento al Concello de O Porriño, cuyos contratos se adjudicaron, supuestamente, de forma directa, sin licitación y sin seguir los procesos administrativos correspondientes. La juez de Instrucción número 3 de O Porriño ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde de esta localidad Nelson Santos (PP) y un exconcejal, José Manuel Jacobo, también del PP, por un supuesto delito continuado de prevaricación, en relación con adjudicaciones irregulares de varios contratos, por esa cantidad.
Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se declara como órgano competente al Juzgado de lo Penal de Pontevedra. Asimismo, se recoge que el Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los procesados la pena de 10 años de inhabilitación.
Este procedimiento es una pieza separada de la investigación conocida como 'Operación Multiusos', y que fue archivada en marzo de 2017. No obstante, se siguió la instrucción en relación con la supuesta adjudicación irregular de contratos a varias empresas, por valor de 1,6 millones.
La Fiscalía responsabiliza a los dos políticos de adjudicar contratos de forma directa, sin licitación y sin seguir los procedimientos administrativos pertinentes, a varias empresas para la realización de servicios como limpieza, recogida de residuos, actividades deportivas y de ocio, servicios eléctricos o labores de saneamiento.
Facturas
En ese escrito, figuran centenares de facturas abonadas a estas empresas, por un valor que, en total, supera los 1,6 millones de euros, y que fueron tramitadas a pesar de que, en prácticamente todos los casos, existían reparos de la Intervención Municipal. En esos procedimientos, el alcalde levantaba automáticamente el reparo para que se abonaran las facturas.
En algunas ocasiones, las facturas no podía ser satisfechas en el año correspondiente, con lo que el gobierno municipal aprobaba modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente, alegando que no podían dejar de pagar esos gastos "urgentes" para evitar un enriquecimiento ilícito de la administración, y obviando, según expone el Fiscal, que la Intervención Municipal "llevaba años" advirtiendo "cada mes" de las irregularidades.
El Ministerio Público deja constancia de que los beneficiarios de esas adjudicaciones fueron Ana María G.F., exesposa de un amigo de José Manuel Jacobo; la empresa Limantra, gestionada por un compañero de Nelson Santos, en el partido Ciudadanos por Porriño; la empresa Lincoporriño; y la empresa Abelmar.