El Juzgado número 2 de Padrón (Coruña), que instruye la causa por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en relación a la Fundación Cela, ha dado por finalizada la investigación tras la práctica de las últimas diligencias y ha citado a las partes para la audiencia preliminar el próximo 5 de junio.
En la causa figuran como investigados la viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, el exgerente de la fundación, Tomás Cavanna, el que fue miembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga.
Como consecuencia de estas actuaciones, los investigados se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la Fundación Cela, lo que los sentará en el banquillo de los acusados, a falta de que se fije fecha, en un juicio con jurado popular.
La última vez que los investigados acudieron al juzgado de Padrón fue en julio de 2016, cuando el juez les convocó para notificarles que el procedimiento se llevaría a cabo a través de un jurado popular, una cuestión que las defensas recurrieron ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia, posteriormente, dictaminó que el jurado popular era la forma adecuada para juzgar esta cuestión, aunque admitió la práctica de alguna testifical adicional que se ha llevado a cabo con posterioridad.
Una vez concluidas estas últimas diligencias, el juzgado de instrucción número 2 de Padrón ha dado por finalizado el proceso y ha llamado a las partes a la audiencia preliminar previa a la fijación de juicio oral.
Auto del cierre de la instrucción
En el auto de cierre de instrucción, la titular del Juzgado número 2 de Padrón explicó que, del estudio de la documentación y de la declaración de los investigados y testigos, "resultan indicios suficientes de la participación de los investigados": Marina Castaño, Tomás Cavanna (exgerente de la fundación), y Dositeo Rodríguez (exconselleiro, excandidato del PP a la Alcaldía de Santiago y exmiembro del Consello de Contas) y Covadonga Rodríguez (hija de Dositeo Rodríguez y subdirectora de la fundación).
La juez investigó si hubo "malversación" de fondos en el despido de Tomás Cavanna, del que sospechó que fue "simulado" y por el que cobró una indemnización de 150.000 euros cuando "en realidad la fundación no quería prescindir de los servicios, sino que era éste el que quería dejar de trabajar", como sostiene por un intercambio de correos electrónicos que se emplearon como prueba.
La instructora recordó que, según la documentación disponible, Tomás Cavanna "reconoce ya en vida de Camilo José Cela que quería abandonar la fundación, pero siguió prestando sus servicios por petición expresa" del Nobel. "Llama la atención que el señor Cavanna presente su dimisión en la reunión del patronato de la fundación celebrada el 30 de noviembre de 2009, cuando según el acta de dicha reunión se informa por el señor Cavanna que la fundación se encuentra en números rojos desde el 22 de noviembre", apuntó en un auto anterior la juez, en el que desestimó el sobreseimiento de la causa ante un recurso presentado por los investigados.
En él, también añadió que "no se entiende el motivo por el que, si antes del fallecimiento de don Camilo José Cela (2002) tenía la intención de abandonar la fundación, el señor Cavanna esperó hasta 2009, momento en el que la fundación atravesaba una precaria situación económica para dejar de prestar sus servicios".
Rescate de la fundación
A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.
La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. Entonces, la Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato.