El Juzgado de Instrucción número 1 de Ribadavia (Ourense) ha decretado la apertura del juicio oral contra el exdelegado de la Xunta en Ourense Rogelio Martínez por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones de la Unión Europea (UE) cuando fue alcalde de Arnoia.
Los hechos se remontan a 1999, a raíz de la presentación de un proyecto de construcción de una planta de biomasa en el Ayuntamiento de Arnoia al amparo del Plan Leader II, en el que era alcalde en ese momento, por un importe de 13 millones de pesetas (78.131,57 euros) y que finalmente no llegó a ejecutarse.
La acusación señala la responsabilidad de Rogelio Martínez al considerar que como alcalde de Arnoia y presidente del Grupo de Acción Local "CEIVAM", encargado de la gestión de las ayudas de la UE, es autor de un delito de prevaricación.
El escrito de la acusación popular considera que el ex delegado de la Xunta sabía que los promotores de la estación de biomasa no cumplían los requisitos para acceder a las subvenciones y que no habían destinado los recursos necesarios para la ejecución material del proyecto.
Apertura del juicio oral
El escrito de apertura de juicio oral, después de más de diez años de instrucción, señala que la vista se celebrará en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense. Todavía no hay fecha.
Con todo, el texto decreta el "sobreseimiento" de la acusación contra Rogelio Martínez por un delito continuado de prevaricación, tal y como pedía la acusación particular, a raíz del auto de la Audiencia Provincial de Ourense de noviembre de 2011.
De este modo, Martínez será juzgado por los delitos de malversación de caudales públicos y, fundamentalmente, falsedad documental y fraude de subvenciones.
La acusación popular reclama por el delito de falsedad en documento público, seis años de prisión y una multa de 24 meses a razón de 50 euros por día, además de la pena de inhabilitación especial por seis años. Esta misma pena se reclama para otras dos personas implicadas en el caso.
Por el delito de fraude de subvenciones solicita para Rogelio Martínez, como presidente de CEIVAM, y para otras dos personas cinco años de prisión y una multa del "séxtuple" de la cuantía defraudada.
Por el delito de malversación de fondos públicos reclama para el ex presidente de CEIVAM y otras tres personas seis años de prisión e inhabilitación absoluta durante 10 años. Subsidiariamente reclama una multa de 12 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho a voto por cinco años.
La acusación popular
El caso se originó a raíz de una denuncia del BNG que posteriormente contó en el respaldo del Grupo socialista. Durante años la Fiscalía solicitó el archivo de la causa. Los nacionalistas renunciaron a la acusación. La acusación popular recae en la Asociación para o Progreso do Ribeiro.
Desde la Asociación par o Progreso do Ribeiro se ha resaltado que "se tuvo que vencer numerosos atascos para que estos hechos sean juzgados en los tribunales", cuando se4 trata de delitos que "deberían perseguir de oficio la Fiscalía y las instancias públicas".