Lo que no ha conseguido el Servicio de Extensión Agraria desde su fundación, hace más de 57 años, se quiere lograr en tres. Digo esto, porque un servicio que, además del asesoramiento y la formación, en Galicia tenía un objetivo fundamental: la concentración parcelaria. Embrión, por otra parte, para un campo productivo y evitar la deserción o despoblación del rural. Es cierto que, como tantos otros, es un servicio nacido en el franquismo, pero desde los últimos 40 años ha estado bajo el control de un Estado de Derecho como el que tenemos.
Quiero decir con esto que si todo un servicio, con grandes profesionales, no ha sido capaz de dinamizar el rural gallego, me pregunto si las medidas anunciadas por el presidente Feijóo resultarán efectivas. No digo a largo ni a medio, sino a corto plazo. Tan corto que en tres años se quieren sentar las bases de lo que no se pudo en cuatro décadas.
La senda conduce a la salida, pero alcanzarla exige rectificaciones y nuevos esfuerzos. Hablamos de una salida real para el rural. Pero con poco más de 76.666 euros que costará cada empleo que se genere hasta 2020, la inversión más bien es escasa.
No son tan altos, como nos dicen, los costes económicos que inyectará el Ejecutivo autonómico para un objetivo que, evidentemente, no solo es el de dinamizar el rural con la creación de tres millares de empleo. Lo que se busca con esta medida son dos cosas: dinamizar el medio rural como fuente económica y, la más importante, luchar contra la crisis demográfica. Y esto sí tiene mucho que ver con la despoblación del rural, la huida hacia las ciudades o la emigración. Pero existe otro problema, tan ancestral como la misma historia de Galicia: el minifundismo, que todos lo creíamos superado, pero ahí sigue.