A punto de cumplirse cuatro años del descarrilamiento de un tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois, que causó la muerte de 80 personas y más de 100 heridos, aún no se sabe todo sobre lo que provoco el trágico accidente. El siniestro generó un impacto notable en la opinión pública, tanto por el número de fallecidos como por la dureza de las imágenes del tren siniestrado. El cuarto aniversario, como los tres anteriores, estará marcado por la exigencia de las víctimas de reabrir la investigación para determinar las causas de aquella catástrofe. Una petición razonable teniendo en cuenta las incógnitas sin resolver, la ausencia de rigor de la investigación emprendida en su momento y, sobre todo, el cierre en falso de la causa judicial.
Sin embargo, en vísperas de este cuarto aniversario, el caso ha dado un giro total. El juez que lleva la causa ha imputado al exjefe de seguridad de Adif por 80 homicidios por imprudencia. Además, acabamos de conocer que la compañía encargó hace seis meses un certificado clave para la seguridad de la línea Ourense-Santiago, en cuyo tramo está la curva de Angrois, donde se produjo el fatídico siniestro. Cabos sueltos que hasta ahora desconocíamos.
La plataforma de víctimas solicita crear una comisión de técnica independiente, en cierto modo la defiende Feijóo. Y todos los partidos, excepto el PP y el PSOE, creen conveniente constituir una comisión parlamentaria para depurar responsabilidades políticas. Lo primero nos parece justo necesario. Lo segundo derivaría a buen seguro en una reyerta partidista, como ocurrió en otras comisiones. Pero la Justicia y las administraciones tienen la obligación de esclarecer toda la verdad sobre el tren Alvia.