Un total de 1.800 marineros, tripulantes de unos 140 buques de capital gallego y diferentes banderas y que faenan en aguas del Gran Sol y de Malvinas se verán afectados por el Brexit. Estas son las primeras estimaciones hechas públicas este miércoles por la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), que reclama un acuerdo específico sobre pesca entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido y que tenga en cuenta los territorios de ultramar. Así lo ha explicado el responsable de ARVI, Javier Touza, durante su intervención en una jornada celebrada en el Círculo de Empresarios de Galicia acerca del impacto del Brexit en la economía y las empresas gallegas, y ha recalcado que los armadores deben "hacer valer los derechos adquiridos" tanto en materia de pesquerías como en cuestión laboral.
Touza ha subrayado que la salida del Reino Unido de la UE plantea numerosas incertidumbres a la flota gallega, porque la Política Pesquera Común "se quedaría fuera" de un eventual tratado entre los gobiernos británico y europeo. "Será imprescindible la firma de un acuerdo pesquero entre UE y Reino Unido", ha apostillado.
En ese marco, ha incidido en la necesidad de defender los intereses pesqueros gallegos, dado que Galicia es la primera zona "altamente dependiente de la pesca" en todo el ámbito comunitario, y ha señalado que los armadores deben "buscar reconocimientos en base a sus legítimas expectativas" tras haber realizado importantes inversiones en empresas mixtas.
Asimismo, con respecto a las cuotas, Touza ha destacado la "oportunidad" de negociar nuevos acuerdos, actualizar el principio de estabilidad relativa y "flexibilizar" los criterios de cesión de cuotas. En todo caso, ha reclamado que los TACs se fijen según "criterios ecosistémicos, y no políticos".
Ámbito laboral
En el ámbito laboral, el responsable de ARVI ha advertido de que el cambio de escenario puede afectar a unos 800 marineros que faenan en Gran Sol, y a un millar que lo hacen en los buques congeladores que operan en Malvinas.
En el caso de Malvinas, ha subrayado la importancia de las importaciones procedentes de sus aguas (en torno a unos 200 millones de euros), y ha abogado por un anexo específico sobre los territorios británicos de ultramar en el tratado que se firme entre Reino Unido y la UE. "O sino, se podría firmar directamente un acuerdo de pesca entre la UE y las Malvinas. El problema son las presiones políticas, y los conflictos de soberanía", ha incidido.
Javier Touza ha recalcado que "Galicia y la pesca gallega se la juegan en estas negociaciones", y ha puntualizado que el mercado pesquero gallego "es el gran mercado de la pesca en la UE, y no es sustituible por parte de las autoridades del Reino Unido".
Consecuencias para las empresas
En la jornada de este miércoles, ha intervenido también, entre otros ponentes, el socio responsable de Estrategia Internacional y Brexit de la consultora KPMG, Antonio Hernández, quien ha explicado las consecuencias de esta medida en las empresas.
En general, según el estudio que ha dado a conocer, las principales preocupaciones de las empresas gallegas son los impactos financieros y fiscales del Brexit. En el caso del sector agroalimentario, el área más afectada es la cadena de suministro.
Reino Unido es el cuarto cliente de Galicia, y supone el 8 por ciento de sus exportaciones (crecieron solo en 2016 un 42 por ciento), sobre todo en automoción y bienes de equipo, mientras que la pesca representa un 4 por ciento de las exportaciones. Además, el país británico es el segundo destino de inversión empresarial gallega en el exterior.
Hernández ha aseverado que las consecuencias del Brexit en la Política Pesquera Común "son inciertas", ya que afectará al sistema de cuotas, a las flotas con buques de diferentes banderas, a las aguas territoriales, etc. Además, existe "el interrogante sobre qué prioridad se va a dar a la pesca en las negociaciones".