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Caballero no espera al contencioso del TSXG y anula el Área de Vigo

La portavoz del PP, Elena Muñoz, acusa al alcalde de “asestar un golpe de muerte” al ente y “estafar” a los vecinos.

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Abel Caballero es alcalde de Vigo. | EP

Cambio de estrategia del presidente del Área Metropolitana de Vigo. El alcalde vgués, Abel Caballero, anuncia que deja en suspenso el funcionamiento del ente y que los siete alcaldes que forman parte de su gobierno empezarán a trabajar al margen para sortear el "bloqueo" autonómico. El regidor tiene bien definido quién es su enemigo político. En el último intento de poner partida a su favor paralizada "su gran proyecto", de cuyo fracaso hizo responsable directo a la Xunta. El caso es que Caballero no esperaba el recurso presentado por la Administración gallega ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el Área de Vigo. Fue lo que hizo "recapacitar" al primer edil de la ciudad olívia de que las cosas se hacen de otra forma.

La decisión de la Administración autonómica de no inscribir este organismo en el Registro de Entidades Locales de Galicia y que obtuvo respuesta inmediata a modo de recurso de alzada por parte del ente supramunicipal, del que Abel Caballero es presidente, ya avanzó que no le iba a salir gratis al Gobierno gallego. La estocada definitiva le correspondía a él. Una decisión, la de paralizar su operatividad que, en la práctica, supone "asestarle un golpe de muerte", en opinión del PP local.

La "declaración de Soutomaior"

Transcurridos diecisiete años de la "declaración de Soutomaior" con la que se empieza a gestar, tres meses y un rosario de reproches entre la Xunta y la junta directiva del áreadespués han acabado con su arranque en falso del pasado diciembre. El recurso contra su constitución, no haberla inscrito en el registro y su negativa a nombrar secretario e interventor son las razones que esgrime el primer edil vigués para justificar que es la Administración autonómica la que "imposibilita su funcionamiento". Es por ello que ha decidido dejarla sin efecto, una medida que trasladará al resto de alcaldes que conforman el gobierno del área y que implica la retirada del transporte metropolitano.

"La Xunta con Feijóo al frente está imposibilitando el funcionamiento del Área por lo que propongo al resto de alcaldes que conformamos el gobierno que no volvamos a reunirnos como tal", avanzó Caballero, días después de dar por "reventado" el nuevo ente por la paralización que implica el recurso contencioso-administrativo de la Xunta. Esta ha solicitado al juez la suspensión cautelar del Área, pero el magistrado aún no se ha pronunciado. "No tienen razón ninguna, pero no podemos esperar dos años por una resolución. Nos vemos en las próximas elecciones locales", lanza Caballero como reto al PP.

La decisión de cesar la actividad del Área se trató con los alcaldes de Cangas, Porriño, Nigrán, Gondomar, Fornelos de Montes y Salceda. Falta por informar la alcaldesa de Moaña, que está fuera de Galicia. La intención de Caballero es reunirse en breve con cada uno para evitar que "las posiciones de bloqueo de la Xunta castiguen a todos los ciudadanos".

El regidor les planteará convenios bilaterales para que los vecinos de estos municipios "disfruten en el transporte urbano vigués de las condiciones que firmó Vigo en su convenio con la Xunta". Ese acuerdo del mes de julio recoge, según la interpretación de Vigo, una subvención de 0,46 céntimos del viaje de entrada a la ciudad a los vecinos de la comarca que procedan de los autobuses interurbanos o el transporte de ría y le aplicaría el mismo descuento en el trayecto de salida. De esta forma, los billetes de Vitrasa tendrían para estos nuevos usuarios un coste de 0,87 céntimos. En opinión de Caballero, se trata de "aplicar lo que Vigo firmó con la Xunta" y no lo que se le pide: "un gratis total para cualquier usuario de la tarjeta metropolitana".

Elena Muñoz: "Es una estafa"

La portavoz local del PP, Elena Muñoz, acusó a Caballero de "asestar un golpe de muerte al Área" y "estafar a todos los vigueses" con su decisión de no aplicar el convenio del transporte firmado con la Xunta.

"Lleva a los vigueses a seguir pagando 1.000 euros más al año en sus desplazamientos metropolitanos", denunció la dirigente del PP, que había tildado las reuniones del gobierno metropolitano de "vacías de contenido" y cree que el alcalde las paraliza "porque teme lo que digan los tribunales".

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