El portavoz del grupo socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha apuntado este lunes que la negativa de Feijóo a convocar oposiciones en Galicia responde a la "incapacidad política" y "escaso peso" del presidente gallego en el Partido Popular. Criticó que ceda ante el "chantaje político" del Gobierno central, que liga las oposiciones de educación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin base legal.
"Lo que sí que tiene base legal -explicó- es la tasa de reposición del cien por cien aún vigente, ligada a unos presupuestos que están prorrogados", puntualizó Leiceaga. Esto "obliga a convocar todas aquellas plazas que hayan quedado vacantes". Añadió que Feijóo "no solamente puede, sino que debe convocar una oferta pública de empleo en educación y sanidad por un mínimo de un cien por cien de las plazas vacantes para cubrir la tasa de reposición, lo que es su única responsabilidad". Urgió a la convocatoria de las plazas de enseñanza en un plazo máximo de 3 semanas para llegar a tiempo al próximo curso escolar, en el mes de septiembre.
Reclamó "una acción rápida y decidida" del gobierno gallego para salvar un proceso de "precarización sin precedentes de los servicios públicos", y puntualizó que "no supondría incremento del gasto" porque "se trata de transformar precarios en estables".
Apuntó que en Galicia hay actualmente 15.000 personas preparando exámenes para enseñanza, una cifra que "posiblemente se multiplique por dos" al sumar los de sanidad y servicios sociales. Con esta estrategia, dijo, están garantizando el "deterioro de los servicios públicos, incentivan a las privatizaciones y precarizan las condiciones laborales" de al menos 7.000 trabajadores de la sanidad pública y otras 4.000 en la enseñanza.
Rehenes
Por otro lado, acusó a Feijóo de intentar dejar "en el tejado de otros" la responsabilidad sobre una convocatoria de oposiciones que en realidad "descansa en el tejado de su partido, de su gobierno y de sí mismo". El presidente del gobierno y el ministro de Hacienda, dijo, toman cómo "rehenes" a las comunidades autónomas, a los usuarios de los servicios públicos y a millares de opositores con sus amenazas de cuestionar las convocatorias en los tribunales.
Dijo que la negativa a convocar plazas "depende de su voluntad", ya que el gobierno central "puede tramitar un decreto Ley para fijar nuevas tasas de reposición en comunidades autónomas y ayuntamientos". Este mecanismo, señaló, fue lo que se utilizó precisamente para modificar el salario mínimo interprofesional y actualizar las pensiones, que únicamente tendría que pasar por el Congreso, donde "no encontraría ningún problema".
El responsable socialista señaló que la respuesta del gobierno y del presidente gallego, responde a una "deriva recentralizadora" por parte del gobierno de Rajoy en contra de los servicios públicos. Su imposición de tasas de reposición, explicó, alimentó la precarización y los recortes durante la crisis y "en una fase de expansión supone un corsé que asfixia" a los servicios públicos.