Sobre las 9:30 horas de la mañana de este miércoles llegaban a la sede judicial para prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Los dos altos cargos del Sergas investigados por prevaricación y ahora también por homicidio imprudente por la administración de los fármacos de la hepatitis C, Félix Rubial y Carolina Gómez-Criado, declararon y defendieron su actitud diligente a la hora de autorizar los medicamentos dentro de la subcomisión constituida antes de que se aprobara el plan nacional contra la hepatitis C.
Tras dos horas de declaración por parte de Carolina Gómez-Criado y algo menos por parte de Félix Rubial, ahora gerente del CHUVI y entonces director general de Asistencia Sanitaria, este aseguró ante los medios que "creo que queda sobradamente probada la actitud diligente del Sergas en este y en todos los casos". Rubial afirma que el 99% de los tratamientos fueron autorizados, y los 13 rechazados lo fueron "por motivos clínicos y de seguridad". En el caso de los seis pacientes fallecidos, que son los que ahora investiga el juzgado, todos recibieron la autorización para los nuevos fármacos, pese a que finalmente fallecieron.
Félix Rubial aseguró que hablar de argumentos económicos y de dilación "queda suficientemente probado que no hay ningún tipo de dilación en este sentido".
El presidente de la plataforma de afectados por la hepatitis C, Quique Costas, acusación en este caso, sostiene que "todo está por investigar" y confía en que se abra juicio oral finalmente.
Costas explica que algunas de las prescripciones farmacológicas fueron atendidas por la subcomisión que autorizaba los tratamientos con meses de retraso, lo que derivó según el portavoz de la plataforma en muerte, al menos en estos seis casos, sostiene.
Nueva comparecencia
Esta nueva comparecencia surgió en diciembre, a raíz de un auto en el que la Audiencia Provincial de Coruña estimó parcialmente un recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que acordaba que estos mandos investigados en el procedimiento abierto por el suministro de los tratamientos a los enfermos afectados por este virus fuesen llamados a declarar también como investigados por un supuesto delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluye la causa.La investigación abierta busca aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de pacientes con hepatitis C, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos.
Los cargos que ya fueron citados en abril del pasado 2016 son el gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, que entonces ocupaba el cargo de director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. El juez decidió investigarlos por prevaricación, a pesar de que la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", situación que ahora estima la Audiencia Provincial.
En el auto judicial del 22 de diciembre "se revoca parcialmente" el auto dictado por el juzgado de instrucción compostelano y "se acuerda que se tenga por dirigido el procedimiento frente a los denunciados por un delito de homicidio imprudente respecto" a seis pacientes "y se les tome declaración como investigados en relación con dichos fallecimientos".