El juzgado será el que dirima sobre la decisión plenaria de retirar dos dedicaciones exclusivas a miembros del gobierno local. Así se acordó en la sesión celebrada en noviembre, cuando, a iniciativa del PSOE y con el respaldo del PP, se acordó suprimir la dedicación exclusiva de la concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, así como la prevista para la titular de Obras, Esther Leira, que nunca llegó a tenerla.
Aunque según fuentes municipales la decisión de presentar una demanda en el juzgado contencioso-administrativo fue tomada por unanimidad, solo cinco de los ocho concejales del gobierno firman el escrito: por Ferrol en Común, Álvaro Montes, Suso Basterrechea, Luis Victoria y Saínza Ruiz, y la concejala no adscrita María Fernández Lemos, la principal damnificada del proceso.
El Concello de Ferrol confirmó que la demanda por las dedicaciones fue presentada a finales del pasado mes en el juzgado de lo contencioso. Sostiene que "es una demanda que es fruto de un consenso del gobierno local, que entiende que el acuerdo plenario del 24 de noviembre fue injusto y busca la nulidad de una maniobra hecha con alevosía que deja al gobierno en una situación precaria con ocho salarios para la oposición y tres para el ejecutivo". En un comunicado oficial, el ejecutivo ferrolano sostiene que "ejerce su derecho legal a defenderse", porque "entiende que la dedicaciones tienen que ser correlativas a la responsabilidad que es ostenta, y no en base a la representatividad".
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha sido admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por los cinco ediles -todos los del gobierno a excepción del alcalde, Jorge Suárez; la concejala de Obras, Esther Leira; y la no adscrita Rosa Méndez, responsable de Zona Rural y Conservación do Patrimonio Histórico- el pasado 20 de enero. Fuentes oficiales del gobierno argumentaron que firmaron el recurso cinco de los ocho ediles del gobierno por "estrategia procesal", pero que dentro de ese grupo de gobierno hay "demandantes y testimponios".
Según el escrito enviado al juzgado, al que ha tenido acceso La Voz, recoge que el recurso se interpone por "abuso del derecho, falta de motivación y desviación de poder".
Suárez: "No es una cuestión económica"
En unas declaraciones enviadas por el gabinete del Concello en la mañana de este martes, el alcalde señala: "Hay un consenso entre los ocho concejales del gobierno de interponer una demanda contra un acuerdo que consideramos injusto presentado con nocturnidad y alevosía y que, de hecho, que nos deja en una situación la capacidad de llevar adelante el gobierno local. Somos los únicos valientes que tenemos la capacidad de llevar adelante al gobierno local, ya que tanto el PP como el PSOE, como el BNG renunciaron a formar parte de él ni a presentar una moción de censura, lo que nos deja en una situación precaria donde hay ocho salarios para concejales que no tienen ningún tipo de responsabilidad y tres para los que tienen que llevar adelante materias de vital importancia para la ciudad de Ferrol", señaló. Además, añadió: "Se da la paradoja de que la concejala de Urbanismo es casi la primera vez en la historia que no tiene dedicación, no puede trabajar por su profesión; la edil de Obras, que tiene una excedencia en su trabajo, queda sin ningún tipo de retribución. No es una cuestión económica, es una cuestión de organizar el trabajo. Creo que la oposición está jugando un papel de ambición económica en vez de ambición de mejorar las cosas de la ciudad, y de esto es de lo que se trata esta demanda: de recomponer la situación y que se haga justicia únicamente".
Sestayo: "No se han atrevido por otras cuestiones"
La portavoz del PSOE, Beatriz Sestayo, impulsora de la propuesta que en el pleno de noviembre retiró las dedicaciones al gobierno y amplió las de su grupo -hasta dos- y las del PP -de tres a cinco-, dijo este lunes no querer hacer declaraciones. Pero espetó: "Es curioso que quienes no se han atrevido a ir a los juzgados por la ilegalidad de la tasa del saneamiento, por algunos contratos o para ejecutar alguna sentencia en materia de personal sí vayan al juzgado por sus dedicaciones". Es, arguye, "la paradoja de esta nueva política", aunque defiende que "todo el mundo está en su derecho de ir al juzgado".