La Audiencia Provincial de Coruña ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, y ha acordado que los cargos del Sergas investigados en el procedimiento abierto por el suministro de los tratamientos a los enfermos afectados por este virus sean llamados a declarar también como investigados (antes imputados) por un supuesto delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluye la causa.
La investigación trata de aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de pacientes con hepatitis C, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos.
Los cargos que ya fueron citados -el pasado 28 de abril- son el gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. El juez decidió investigarlos por prevaricación, aunque la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", situación que ahora estima la Audiencia Provincial.
Concretamente, en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press y que tiene fecha de este 22 de diciembre, "se revoca parcialmente" el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que titula Andrés Lago Louro, y acuerda "que se tenga por dirigido el procedimiento frente a los denunciados por un delito de homicidio imprudente" con respecto a seis pacientes "y se les tome declaración como investigados en relación" a los fallecimientos de los enfermos.
La decisión judicial, consecuencia de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, señala en el auto que la "trascendencia" de la actuación administrativa, supuestamente irregular, "está unida a que la celeridad de la decisión incidía directamente en la posibilidad de curación o de supervivencia de los pacientes de serles administrado el fármaco solicitado".
Así, apunta que resulta "inadecuado" que, por un lado, se estime que la actuación de los dos cargos investigados puede ser delictiva por "supuestamente obstaculizar que los pacientes recibieran un tratamiento" y, al mismo tiempo, considerarlos ajenos a las consecuencias de esa ausencia de tratamiento o el suministro tardío (el fallecimiento en seis de los ocho casos incluidos por la Fiscalía).
Causa declarada compleja
El pasado mes de junio, el titular del Juzgado número 3 de Santiago de Compostela declaró compleja esta causa, en la que se investiga a dos cargos del Sergas, que depende de la Xunta, y en la que se indagaba un supuesto delito de prevaricación al respecto de la dispensación de los nuevos tratamientos de la hepatitis C. Ahora la Audiencia Provincial estima el recurso de la Fiscalía y pide que se extienda también a homicidio imprudente en seis casos.
La Fiscalía considera, en su querella, que los cargos citados investigados "tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación" la facilitación de nuevos tratamientos contra la hepatitis C a pacientes gallegos, algo que, apunta, se realizó por "criterios presupuestarios".
Además de los cargos del Sergas, fue citada a declarar en calidad de testigo una exdirectora de Procesos Asistenciales del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) el pasado mes de octubre.
Tanto el Sergas, con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, al frente, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendieron en su momento que "siempre" se han usado criterios clínicos para la atención de pacientes.
La plataforma denunció, en su día, además de otras cuestiones, se había producido un "extravío" de expedientes y casos de pacientes a los que se les habría retrasado la medicación, que es uno de los núcleos de la investigación. Uno de los casos que fueron relatos es el de un paciente trasplantado por primera vez en el año 2006 y con dolencias agravadas que habría sufrido varios retrasos.