La Fiscalía solicita una pena de 10 años de inhabilitación para el exalcalde de O Porriño, Nelson Santos (PP) y para un exedil popular, José Manuel Jacobo, quien fue responsable de contratación en este municipio, como presuntos autores de un delito de prevaricación continuada al adjudicar irregularmente varios contratos a empresas cuyos responsables tenían alguna relación familiar o de afinidad con estos cargos públicos.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía responsabiliza a los dos políticos de adjudicar contratos de forma directa, sin licitación y sin seguir los procedimientos administrativos pertinentes, a varias empresas para la realización de servicios como limpieza, recogida de residuos, actividades deportivas y de ocio, servicios eléctricos o labores de saneamiento.
En ese escrito, figuran centenares de facturas abonadas a estas empresas, por un valor que, en total, supera los 1,6 millones de euros, y que fueron tramitadas a pesar de que, en prácticamente todos los casos, existían reparos de la Intervención Municipal. En esos procedimientos, el alcalde levantaba automáticamente el reparo para que se abonaran las facturas.
En algunas ocasiones, las facturas no podía ser satisfechas en el año correspondiente, con lo que el gobierno municipal aprobaba modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente, alegando que no podían dejar de pagar esos gastos "urgentes" para evitar un enriquecimiento ilícito de la administración, y obviando, según expone el Fiscal, que la Intervención Municipal "llevaba años" advirtiendo "cada mes" de las irregularidades.
El Ministerio Público deja constancia de que los beneficiarios de esas adjudicaciones fueron Ana María G.F., exesposa de un amigo de José Manuel Jacobo; la empresa Limantra, gestionada por un compañero de Nelson Santos, en el partido Ciudadanos por Porriño; la empresa Lincoporriño; y la empresa Abelmar.
Causas pendientes
Esta causa deriva de la llamada operación Multiusos (es una pieza separada), que fue declarada compleja y sigue en fase de instrucción, y en la que están siendo investigados, además del exalcalde, el propio José Manuel Jacobo, el concejal Manuel Alejandro Lorenzo, un exfuncionario del Inem, y tres empresarios vinculados a las firmas IMPI y Mecánica Rocha.
Los delitos que se investigan en este procedimiento, que se inició para esclarecer supuestas contrataciones de personal "a dedo" y otras irregularidades, son malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y delito contra los derechos de los trabajadores, entre otros.
Asimismo, el exalcalde Nelson Santos está pendiente de otra causa judicial, relativa a la supuesta retirada de tráfico a ciudadanos, utilizando para ello datos de un camionero de nacionalidad portuguesa sin que éste lo supiera. Esta causa, en la que también se investiga al exjefe de la Policía Local, también ha sido declarada compleja y sigue en fase de instrucción.
Retirada del PSOE
El grupo municipal del PSOE en O Porriño se había personado en el procedimiento judicial de la llamada Operación Multiusos con la finalidad de "tener información" acerca de la investigación. Dado que la Fiscalía ha formulado ya escrito de acusación en la pieza separada, y se mantiene la investigación en la pieza principal, los socialistas se retirarán de la causa, según ha confirmado a Europa Press la alcaldesa, Eva García de la Torre. La regidora también ha explicado que el Ayuntamiento está personado en el procedimiento por la supuesta retirada de multas.
Con respecto a la acusación de la Fiscalía y a la petición de los 10 años de inhabilitación, la regidora ha abogado por "dejar trabajar" al juzgado y al ministerio público, aunque ha deseado "la mejor de las suertes" a su compañero de Corporación y antecesor en el cargo.