El arranque de la décima legislatura autonómica ya tiene, como mínimo, una reivindicación: forzar "socialmente" a Feijóo para que se "enfrente" al Gobierno de Rajoy y conseguir que la Autopista del Atlántico (AP-9) pase a estar bajo el control de la Administración gallega. Si se reabren las transferencias a las comunidades por parte de Ejecutivo central, algo bastante probable en un Gobierno en minoría con necesidad de pactos, el traspaso de la AP-9 será la primera petición que haga Feijóo. Y es así porque la Cámara gallega adoptó esta medida por unanimidad.
Pero habrá que contarlo todo, sin ocultar nada, sobre lo que significaría la dependencia de la AP-9 a la Xunta. Primero, la red de autopistas de peaje puede ir progresivamente desapareciendo si los partidos políticos (los tradicionales y los nuevos) no varían sus posturas. Todos, sin excepción, pretenden ir retirando los pejes de las carreteras de pago según vayan venciendo las concesiones, abriéndolas al público sin coste alguno. Segundo, el problema fundamental de esta medida generará una presión sobre las cuentas públicas, ya que todo el coste de mantenimiento lo deberá afrontar el Estado. Los impuestos sustituirán a los peajes.
España tiene que hacer un fuerte pago a Bruselas, y el débil Gobierno de Rajoy tendrá que tomar una decisión el respecto, dónde reducir gastos o dónde incrementar impuestos. Y esto coincide con el fin de otros vencimientos de autopistas de peaje, además del deseado traspaso de la AP-9 al Ejecutivo gallego.
Al margen de la deseada transferencia, en los últimos tres años hasta ocho concesionarias de autopistas de pago se han declarado en concurso de acreedores y el Estado afronta un proceso de nacionalización, como en el caso de las autovías de Madrid, por poner un ejemplo. El agujero ronda los 4.000 millones de euros y el Gobierno ha pactado con los acreedores (lo bancos) una quita del 50%. En definitiva, se cambiará peaje por impuestos.