La instrucción del caso Baltar, iniciado por la denuncia de una mujer que afirma haber mantenido relaciones sexuales con el líder provincial del PP y presidente de la Diputación para obtener un puesto de trabajo, llevó ayer ante la jueza al jefe de personal de la institución provincial y al abogado laboralista a quien Teresa F. C. encomendó en el 2012 la defensa de sus intereses.
El letrado, Juan Rego, aseguró que había hablado con el asesor jurídico de la Diputación, José Eugenio Galindo, para hacerle ver que después de varios contratos temporales debería revisarse la situación de su clienta y ahora denunciante para que su contrato fuera indefinido. Le dijo también que la mujer tenía una serie de grabaciones comprometidas que estaba dispuesta a enviar a la prensa. El técnico de la Diputación habría contestado que en esta institución no era posible contratar, pero que sí en otros municipios: Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas y Barbadás. Todos ellos, insistió ayer Rego, con gobiernos municipales del PP.
Por su parte, el jefe de personal de la Diputación, José Luis Suárez, negó relación y conocimiento del caso, aunque aclaró que, a raíz de su citación como investigado, había revisado el expediente de un convenio de la Xunta con la Diputación para contratar a personal en atención social en concellos de menos de 20.000 habitantes. La mujer figuraba en una lista de demandantes de empleo y llegó a ser citada para una entrevista, pero no acudió.
La declaración se prolongó varias horas. Las defensas plantearon que Juan Rego debería haber sido citado como investigado y que no podía romper el secreto profesional, aparte de insistir en la prescripción. La jueza, tras un receso de una hora para analizar el caso, decidió continuar. En un auto conocido ayer mismo precisaba que citó a Suárez como investigado puesto que, según la acusación, su papel sería de colaborador necesario para otorgar el puesto de trabajo.
El defensor de José Manuel Baltar insistió en reclamar el archivo de la causa por tráfico de influencias y cohecho, en la que también aparece la denunciante como investigada, al otorgar al favor sexual la consideración de soborno.