La investigación del caso Garañón, en esta fase centrada en la compra del sanatorio Portela como sede del Instituto Nacional de Estadística (INE), amenaza con poner contra las cuerdas a los responsables del organismo público que autorizaron la compra. No solo porque, según figura en sumario, se pagara por él 600.000 euros más sin mayor justificación, sino porque se ignoraron los informes que determinaban su mal estado y se aceptó la tasación como si estuviera en buenas condiciones, según publica El Progreso. El resultado es que el INE ha tenido que invertir otros 1,8 millones en su rehabilitación.
La jueza instructora, Pilar de Lara, decidió citar como investigadas por estos hechos a la secretaria general del INE, Natividad Domínguez Calaveras, y a una de las jefas de área, Pilar Rocasalbas Vázquez, a las que imputa supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. La magistrada criticaba además la "actitud obstruccionista del Ine, que ha ocultado información al juzgado".
Pese a ello, el INE rechazó este jueves dar cualquier explicación al respecto. "Es conveniente precisar que lo que se está investigando es una operación puntual en Lugo del año 2006. En la medida que se trata de un proceso judicial abierto, entendemos que no procede realizar declaraciones al respecto", fue la única respuesta obtenida por este diario del gabinete de prensa del organismo público.
Una de las incógnitas que la investigación trata de despejar es el motivo por el que INE aceptó pagar 1,8 millones de euros en base a un tasación externa que reflejaba que el sanatorio Portela estaba en buen estado, cuando una experta del Estado enmendó posteriormente ese informe para destacar el pésimo estado de conservación en el que se encontraba.
Según se desprende de la documentación del caso y de las declaraciones en el juzgado, de la tasación se encargó Improasa, una empresa estatal dependiente del Ministerio de Hacienda encargada de las tasaciones de inmuebles, informes urbanísticos y asistencia técnica de toda índole en materia inmobiliaria en todo el territorio nacional. En un primer momento, al no disponer de personal propio en Galicia, encargó el informe a una arquitecta coruñesa. Ella valoró el edificio en 1.850.000 euros, tras considerar que se encontraba en muy buenas condiciones y que solo el semisótano y bajo cubierta estaban peor.
Sin embargo, Improasa envió posteriormente a una de sus técnicas, experta en valoración de edificios públicos, que consideró que el sanatorio era muy deficiente debido a su antigüedad y al mal estado de conservación. No señaló, no obstante, ninguna cantidad específica de tasación.