El secretario general del PPdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado "una vez más la inadmisible indefensión" a la que, a su juicio, se ve sometido ante la citación como investigado en el marco de la operación Pulpo, al tiempo que ha asegurado que "no puede dar ningún tipo de explicación" porque no conoce qué motiva la decisión de la jueza Pilar de Lara.
En concreto, el líder del PSdeG está siendo investigado como presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos.
"Acabo de enterarme de una nueva citación por parte de la jueza Pilar de Lara para declarar como investigado", arranca el comunicado que el dirigente socialista ha remitido a los medios, en el que subraya que la citación, "derivada de unas diligencias iniciadas hace tres años por causas ajenas" a su persona, fue emitida por la magistrada este mismo viernes.
A renglón seguido, Besteiro señala que, "lamentablemente, por lo de ahora", no puede dar "ningún tipo de explicación ni aportar información sobre este tema, ya que "está bajo secreto de sumario" -éste ha sido levantado parcialmente-. "Y no tengo acceso a los motivos por los que la misma jueza me vuelve a llamar como investigado en esta ocasión", ha apostillado.
"Cuando disponga de algún dato más estaré, como siempre, a disposición de la ciudadanía y de los medios de comunicación para aclarar todo lo que sea oportuno, como ya hice en su día en una rueda de prensa sin precedentes en nuestro país. Lamento una vez más la inadmisible indefensión a la que estoy expuesto", ha aseverado.
Diputación de Lugo
La Diputación de Lugo también ha difundido un comunicado en el que asegura que tuvo conocimiento este mediodía de que el Juzgado de Instrucción número 1 emitió notificaciones, dirigidas a varios funcionarios y extrabajadores de esta institución, así como a su anterior presidente.
Según precisa, se corresponden, "exactamente, a las mismas diligencias que se iniciaron hace tres años, en el 2013, por un presunto caso de acoso laboral entre dos trabajadores de esta administración, tal y como publicaron los medios de comunicación por aquel entonces".
Al respecto, la Diputación defiende que "actuó siempre conforme a la legalidad, ajustándose a los procedimientos y expedientes, y superando todas las auditorías externas", así como los controles de los órganos fiscalizadores de cuentas, del Ministerio de Administraciones Públicas y del Poder Judicial.
Por último, ha manifestado su "plena confianza" en la labor llevada a cabo por el anterior gobierno provincial, y en el realizado por los trabajadores de la Administración.