La Xunta prevé que un total de 6.520 familias se beneficien de alguna de sus líneas de ayuda para pagar el alquiler de su vivienda durante este año, lo que supondría 120 familias más que en 2015, cuando el número de beneficiarios casi llegó a los 6.400.
De este modo, con el objetivo de llegar a esta cifra, el Gobierno gallego invertirá 13 millones de euros, cantidad que engloba a las diferentes líneas de ayuda de alquiler de la Xunta, según ha precisado, en declaraciones a Europa Press, el director general del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García.
Dentro de estas líneas de ayuda -como las viviendas públicas en alquiler- se encuentra el propio bono alquiler, cuya primera convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 28 de agosto de 2015. En concreto, la Xunta destinó un total de 1.020.000 euros el pasado año para este programa.
Por su parte, en lo que respecta a la convocatoria de 2016, que fue publicada el pasado 30 de diciembre de 2015, el importe total de las ayudas asciende a 4.025.000 euros.
En concreto, el bono de alquiler social aporta 150 euros mensuales a las familias que no pueden asumir el alquiler de su vivienda por un periodo de 12 meses, que se podrá prorrogar durante un año más previa solicitud del interesado.
Ayuda adicional de 450 euros
A mayores, el programa prevé la concesión de una ayuda adicional de 450 euros para, en el caso de poder permanecer en la vivienda, ayudar a abonar las cantidades pendientes. Por su parte, en el caso de nuevo arrendamiento, estos 450 euros estarían destinados a cubrir los gastos de formalización del contrato -como la fianza o el alta de suministros-.
Sobre el bono de alquiler social, Heriberto García ha relatado que la Xunta va otorgando las ayudas conforme se van solicitando. A este respecto, ha indicado que este programa acogía a todas aquellas familias que tuvieran un contrato de alquiler y que fueran a ser desahuciados de su vivienda con una resolución judicial.
En cambio, este año se han ampliado las situaciones, pues "simplemente con la demanda de desahucio presentada ya es suficiente" para recibir el bono de alquiler social.
"En principio [...] está siendo bien recibido y es una medida que complementa la pérdida de la vivienda. Nosotros ya teníamos desde el año 2012 ayuda para aquella gente que perdía la vivienda por una ejecución hipotecaria y ahora, en 2015, se plantearon también (medidas) para quien pierda la vivienda por un desahucio de un alquiler", ha relatado, en declaraciones a Europa Press, Heriberto García.
Pero además, dicho programa se ha extendido a otras situaciones, pudiéndolo solicitar las mujeres víctimas de violencia de género con dificultades para asumir el coste del arrendamiento de una vivienda. Asimismo, también se podrán acoger a esta ayuda las personas que pierdan su vivienda por una causa imprevista, como un incendio o un accidente.
Campaña de difusión
El director general do Instituto Galego da Vivenda e Solo también ha indicado que, desde que se implantó el bono de alquiler social, algunas asociaciones comunicaron a la Xunta que "no llegaba la información suficiente" a las familias.
Por ello, el Gobierno gallego llevó a cabo una campaña de difusión de este programa y, en consecuencia, se reunió con asociaciones y plataformas del ramo. "Y también se pretende, efectivamente, hacer una campaña con los ayuntamientos para hacer una información más detallada, no solamente de esta ayuda sino del resto de las ayudas", ha precisado Heriberto García.
Preguntado por el papel que desempeñan los ayuntamientos y sus servicios sociales, ha explicado que estos últimos "tienen que hacer un informe que acredite cuál es la situación de la familia que pretende acceder al bono de alquiler".
En este sentido, ha señalado que, de momento, no se ha producido una "campaña masiva" dirigida a los ayuntamientos, pero ha confirmado que algunos municipios "en concreto" ya han sido informados. "La Xunta tiene las medidas más eficaces para cubrir toda esa serie de situaciones, lo que pretendemos es que los ayuntamientos las conozcan perfectamente", ha especificado.
A este respecto, ha subrayado que, "sobre todo últimamente", en "algún ayuntamiento [...] se están adoptando algún tipo de declaraciones o constitución de mesas" que, ha concretado, "ignoran" las medidas que tiene la Xunta: "Es un poco extraño".
Ayudas resueltas "de forma inmediata"
Cuestionado sobre la celeridad en la resolución de las ayudas del bono de alquiler social, ha remarcado, en declaraciones a Europa Press, que éstas son resueltas, desde que se presenta la documentación, "de forma inmediata". "En dos días están resueltas porque entendemos que es una situación de absoluta urgencia", ha resaltado.
Desde 2012, la Xunta implantó un total de 10 medidas destinadas a evitar y paliar los desahucios hipotecarios o por impago del alquiler: la Lei de Vivenda de Galicia; el Programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias; el convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Xunta y la Fegamp; el Programa Reconduce; el Plan RehaVita; el Convenio con la Sareb; convenios de colaboración con varias entidades financieras -Abanca, Caixa Rural Galega y Banco de Sabadell-; convenio con el Valedor do Pobo; el bono de alquiler social; y el censo de viviendas vacías.
De hecho, el próximo mes de marzo entrará en vigor el decreto por el que se crea y regula el funcionamiento del censo de viviendas vacías de Galicia, impulsado por el Gobierno gallego y cuyo objetivo es facilitar que las viviendas desocupadas de los bancos se incorporen al mercado inmobiliario y, sobre todo, puedan ser empleadas en la planificación de las políticas sociales.
Así, la inscripción de las viviendas en el censo será obligatoria para todos los inmuebles desocupados que formen parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, siempre que sean propiedad de entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos -incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria-.
Sanción de 3.000 euros
Una vez que entre en vigor el decreto, a finales de marzo, las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para inscribir los inmuebles que, en ese momento, se encuentren desocupados. De hecho, el incumplimiento de la obligación de inscripción conllevará una sanción de hasta 3.000 euros por inmueble no registrado.
Además, en el censo de viviendas vacías, se podrán inscribir de manera voluntaria el resto de viviendas vacías de la Comunidad gallega, sean propiedad de personas físicas o jurídicas e independientemente del tamaño del ayuntamiento en donde se emplacen. También se podrán inscribir voluntariamente las viviendas vacías propiedad de los ayuntamientos y de otras administraciones públicas.