El parador del castillo de Monterrei, en la provincia de Ourense, podrá seguir funcionando con normalidad. La cadena hotelera tenía a pocos metros un establecimiento que trasladó al edificio histórico tras su rehabilitación pese a las críticas de un sector de la población de la comarca, que constituyó una plataforma en defensa del castillo. Un grupo de vecinos llevó el caso a la Justicia por considerar que el uso hotelero no coincide con el objeto de la cesión que en su día hizo el Estado a la Xunta, pero la Audiencia Nacional le ha dado la razón al Gobierno autonómico, que difundió un comunicado con la noticia pero no la sentencia, que aún no ha sido recibida por los denunciantes.
Estos argumentaban que el Ejecutivo central había cedido al gallego la fortaleza con el objetivo de que creara allí, según figuraba en el documento oficial, un "centro de divulgación, innovación y promoción de la moda, el vino y las aguas medicinales de la comarca". De no cumplir con esas condiciones, la propiedad volvería al Estado, pero en junio del año 2014 se amplió el objeto de la cesión para amparar el proyecto hotelero. El recurso de los denunciantes pretendía anular ese último acuerdo, pero la Audiencia Nacional le ha dado la razón a la Xunta al entender que esa ampliación es “compatible” con el objetivo inicial. La sentencia, según el Gobierno autonómico, “puntualiza que no se sacrificó con ello el derecho constitucional de los ciudadanos al acceso a la cultura, sino más bien todo lo contrario”.
El fallo dado a conocer ayer por la Xunta va más allá y llega a argumentar, según el ejecutivo gallego, que la actual propuesta de uso hotelero "se aproxima más al uso primitivo, por lo que se considera compatible con sus valores culturales, respectándose en todo caso sus características constructivas, especiales y compositivas". Concluye, por todo ello, que no se ha producido un caso de “mala administración” y que “el acuerdo de ampliación del uso no altera la cesión efectuada en origen al continuar los bienes cedidos bajo la esfera de responsabilidad de la Xunta de Galicia”.