El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha subrayado que "la Xunta celebra" la sentencia del Tribunal Supremo del ‘Prestige’, que "es una buena noticia para Galicia", ya que "abre la puerta" a reclamar indemnizaciones. "Y nosotros desde luego lo haremos", ha confirmado.
Sobre el fallo, Rueda ha valorado que "está de acuerdo con las tesis que mantuvieron los servicios jurídicos" de la Administración autonómica "durante todo el proceso" y "coincide además con las tesis de la Fiscalía", pues "tenía que haber culpable para haber asunción de responsabilidades civiles", de forma que la Xunta reclamará indemnizaciones por los daños producidos por el petrolero y por los gastos del juicio celebrado en Coruña.
Así, ha recordado que "los daños fueron muchos", además de que la celebración del proceso "corrió a cargo de la Xunta de Galicia", con "inversiones importantes, no solo para la preparación del juicio, sino para todas las pruebas periciales que hubo que hacer".
"Es decir, que hubo daños y gastos que tuvo que asumir la Xunta de Galicia, que asumieron los gallegos en su conjunto y es el momento de reclamarlos", ha dejado claro.
Preguntado por la prensa por el proceso a seguir para el cobro de indemnizaciones y cuál puede ser la cifra que le corresponda a la Xunta, Rueda ha explicado que: "Ahora veremos, parece ser que tiene que ser la Audiencia (de Coruña) la que tiene que hacer esa valoración y en ese momento aportaremos nuestros datos y haremos nuestras reclamaciones".
Asimismo, Rueda ha dicho también desconocer en qué plazo aproximado se pueden abonar los pagos de indemnizaciones, ya que "se acaba de conocer la sentencia" y el Gobierno gallego mantendrá "una reunión con la asesoría jurídica, que también hará sus indagaciones", "pero teniendo en cuenta que esto volverá otra vez a la Audiencia de Coruña, a partir de ahí se abrirán los plazos y tendrán que ser los jueces los que los dicten".
El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión y multa al capitán del ‘Prestige’, Apostolos Mangouras, por un delito imprudente contra el medio ambiente en su modalidad agravada de deterioro catastrófico derivado de la catástrofe del vertido en las costas gallegas en 2002. La resolución abre la puerta a la responsabilidad civil directa de las aseguradoras, que asciende a cifras millonarias, y que había sido obviada por la Audiencia Provincial de Coruña que juzgó los hechos.