Los socios del gobierno provincial, PSOE y BNG, han asumido que gobiernan en minoría después de expulsar a Manuel Martínez del grupo socialista. Esto implica que deberán negociar con la oposición o con el diputado no adscrito cualquier asunto que deseen aprobar. Los presupuestos de 2016, las obras del POS o la dirección de Suplusa son algunos de los temas que urge concretar y sobre los que el PP ha avanzado que quiere opinar.
El gobierno provincial acaba de convocar, a petición del PP, una junta general de Suplusa para el día 7 de diciembre, en la que, previsiblemente, se elegirá el nuevo consejo de administración. Este órgano está formado por nueve miembros (el presidente de la Diputación y ocho diputados más), entre los que tiene que haber integrantes de todos los grupos.
La portavoz del PP, Elena Candia, indicó que su partido, "a pesar de tener doce diputados en la corporación, solo tenía dos miembros en el consejo de administración". Precisó que solicitaron la convocatoria de la junta general de Suplusa porque consideran que está paralizado un organismo de “importancia vital” para la provincia. Entre sus funciones está el desarrollo de suelo industrial, el control de zonas verdes o la gestión de las residencias de la tercera edad. Este año gestiona más de seis millones de euros.
Candia considera que el hecho de que el gobierno de la Diputación esté obligado a negociar acuerdos con la oposición "es muy bueno y sano democráticamente". Dice que “hay que adaptar esa situación a la toma de decisiones y tenemos que ser escuchados”. Afirma que no tiene ánimo “torpedear ni de obstaculizar”, que el PP continuará con su labor de fiscalización, “pero también a lo mejor a la hora de decidir, porque no tienen la mayoría suficiente están obligados a alcanzar acuerdos”. Avanzó que trabajará "por un Plan de Obras e Servizos ambicioso y por unas partidas para servicios sociales”.
El presidente, Darío Campos, es consciente de que tendrá que negociar "porque la mayoría está, por lo menos, limitada". Indicó que para aprobar los presupuestos "habrá que hablar con el PP y con Manuel Martínez”, aunque el BNG avanzó que no quiere tratos con el alcalde de Becerreá.
Martínez, por su parte, dijo que consultará las "condiciones de trabajo" de otros diputados no adscritos para contar con los mismos recursos. Tiene derecho a percibir una asignación de 1.500 euros, pero quiere saber los medios materiales con los que cuenta para ejercer su función, para acceder a la información necesaria y si tendrá un local para trabajar.