El bono social, la nueva medida da la Xunta creada para ayudar a pagar el alquiler a personas en riesgo de desahucio, consistirá en un paquete de apoyo económico de hasta 4.050 euros por familia -150 euros al mes durante un tope de dos años- para abonar parte de la renta, en caso de haberlos, para afrontar gastos de gestión, fianzas y altas de contratos de servicios. Así lo ha aprobado este jueves la Xunta en su reunión semana.
El Gobierno gallego activará un bono social dotado de 150 euros al mes para contribuir al pago de la renta de alquiler de familias en riesgo de desahucio. En total, serán unos 750 hogares los que se beneficiarán de esta ayuda "complementaria" a las que integran el plan de lucha contra la desigualdad social.
Tras el Consello de la Xunta que ha analizado esta medida, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha concretado que las familias beneficiarias podrán acceder a este bono un tope de dos años -se concederá inicialmente por 12 meses, pero será ampliable hasta los dos años-.
Al margen de los 150 euros para el alquiler mensual, se podrá acceder a una aportación extraordinaria, con un importe equivalente al de tres bonos (450 euros), para hacer frente a los gastos derivados del nuevo contrato: constitución de fianza y alta de servicios.
De esta manera, el número máximo de bonos para conceder a una familia será de 27 en un periodo de 24 meses, con un importe total máximo de 4.050 euros.
Los solicitantes deberán presentar el contrato de arrendamiento de la nueva vivienda o compromiso de alquiler firmado por el inquilino y el propietario, y será este último el que reciba directamente la ayuda del bono de alquiler social.
Ingresos reducidos
Las ayudas de este bono se dirigen a unidades familiares o de convivencia con ingresos familiares ponderados que no superen 1,5 veces el IPREM, lo que supone entre 745,51 euros mensuales para una sola persona y 1.553,15 euros mensuales para una familia con cinco personas o más.
Esta ayuda podrá solicitarse en cuanto salga publicada en el Diario oficial de Galicia (DOG) la orden de convocatoria.
Opciones para evitar el desahucio
Este bono de alquiler social es una de las iniciativas contempladas en el Programa de apoyo a las unidades familiares afectadas por el desahucio por impago de rentas, que desarrolla la Xunta en la aplicación del Plan rehaVIta, el primer plan autonómico de vivienda, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado mes de febrero.
En el marco de este programa, el apoyo por parte de la Xunta a las familias que son privadas de su vivienda habitual por un procedimiento judicial de desahucio por impago de la renta se articula mediante dos posibilidades de intervención.
Así, las unidades familiares incluidas en algún colectivo de atención preferente podrán ser realojadas en algún inmueble gestionado por los Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), prefereiblemente en las viviendas puestas a disposición de la Xunta por la Sareb, Abanca y Caixa Rural, un total de 170 que se esperan incrementar con recursos cedidos por más entidades de crédito.
Para tal efecto, se considerará colectivos de atención preferente a las familias numerosas, las familias monoparentales, familias con todos los miembros en situación de desempleo y las mujeres víctimas de violencia machista.
Por otra parte, las unidades de convivencia que, teniendo ingresos reducidos, no pertenezcan a ninguno de estos colectivos, o cuando perteneciendo a ellos no exista ninguna vivienda gestionada por el IGVS adecuada para adjudicarles, podrán acceder a las ayudas del programa del bono de alquiler social.
Inicialmente, la Xunta prevé destinar 3,3 millones de euros a sufragar el bono de alquiler social durante los años 2015,2016 y 2017, con la previsión de ayudar mediante esta fórmula a 750 familias y con la posibilidad de incrementar las partidas en caso necesario.
Calidad de los servicios públicos
Por otra parte, el Gobierno gallego ha acordado la creación de una Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación da Calidade de los servicios públicos autonómicos. Con este paso, se dará cumplimiento a uno de los mandatos recogidos en la Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.
Feijóo ha subrayado que este departamento se creará con medios propios y su puesta en funcionamiento no supondrá ningún incremento de coste económico.
Entre sus objetivos están la "mejora continua" de los servicios públicos autonómicos y el fomento de la participación ciudadana.
Plazas para dependientes
En el ámbito social, la Xunta también ha acordado invertir un total de 150.000 euros en la construcción y puesta en marcha de un centro de día de 20 plazas para personas dependientes en Quiroga. Con tal fin, se ampliará y adaptará un edificio municipal de servicios sociales.
Por otra parte, la Consellería de Cultura e Educación eleva a 200 el número de alumnos con discapacidades a los que facilitará el servicio de transporte escolar adaptado.
En concreto, el Consello ha dado luz verde a la colaboración con Autismo de Ourense, que se suma a los acuerdos que se firmarán para este mismo fin con otras ocho asociaciones. En total, sumarán una inversión de más de 533.000 euros en transporte adaptado.