Abanca cederá a la Administración gallega hasta 100 viviendas vacías para poner a disposición de familias en situación de dificultad económica que no pueden hacer frente a los pagos mensuales de su hipoteca o alquiler. Lo hará en el marco del convenio firmado entre la entidad financiera y la Xunta para evitar desahucios.
Los adjudicatarios de estas viviendas abonarán un máximo de 125 euros, según ingresos y número de miembros que integren la unidad familiar. De hecho, la renta podrá ser inferior o incluso gratuita en función de las circunstancias, ya que se habilitarán ayudas de la Xunta mediante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
Lo ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras el acto de firma de este acuerdo, en el que también han participado la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez; el vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; y el consejero delegado de la entidad, Francisco Botas.
En función del mismo, al margen de los inmuebles que cederá Abanca, las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias de la entidad no tendrán que dejar su vivienda, que pondrán mantener mediante un alquiler social de un máximo de 75 euros al mes. También en este caso podrán contar con ayudas del IGVS para hacer frente a los pagos.
"Este acuerdo marcará el inicio de la erradicación de los desahucios", ha proclamado Feijóo, quien ha destacado la intención de la Xunta de atender de forma prioritaria y con el "primer oxígeno" de la recuperación económica que "se acaba de iniciar" a quienes "forzosamente" permanecen aún "apartados" de ella.
El presidente gallego ha añadido que las hasta 100 viviendas que cederá Abanca se suman a las 50 viviendas de las que Galicia dispone a través de la Sareb. En los próximos días, se sumarán -ha remarcado- las que se faciliten a través de los acuerdos con otras entidades que también han manifestado su voluntad de colaborar con la Xunta.
Entidad "sensible"
Por su parte, Escotet ha reivindicado a Abanca como una entidad "sensible" con los problemas de su entorno y ha esgrimido que, aunque "muchas veces queda oculto", las entidades financieras son "las primeras interesadas" en intentar evitar situaciones de ejecución hipotecaria.
"En primer lugar, porque no somos indiferentes al drama social que supone, pero también porque nos obliga a gestionar un tipo de activo, el inmueble, que en principio nos es ajeno", ha alegado.
Escotet se ha referido al convenio suscrito con la Administración gallega y ha señalado que será "una valiosa herramienta" que contribuirá a "ayudar" a las familias que atraviesan situaciones de dificultad.
Y es que, tras incidir en la "sensibilidad" de la entidad hacia su entorno, especialmente en lo que respecta a las situaciones de "raíz económica" y los efectos sobre la vivienda. De hecho, ha remarcado que esta cuestión es "objeto de atención preferente" en su estrategia de responsabilidad social corporativa.
Trato específico
Dentro de dicho departamento, ha explicado que Abanca ha creado un órgano denominado Comité de Situaciones de Especial Vulnerabilidad que trata "de manera específica" este tipo de casos. También ha destacado el impulso de "nuevas medidas" para reforzar la protección deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad.
Entre ellas, ha aludido a la "flexibilización" de los criterios para que el deudor hipotecario pueda acceder a las medidas de reestructuración. Abanca también ha ampliado el número de supuestos considerados de especial vulnerabilidad.
También ha concretado que aporta el Fondo Social de Vivienda Central unos 200 inmuebles distribuidos por el conjunto del territorio nacional para acoger a personas en el umbral de exclusión. El acuerdo de este lunes lo ha interpretado como un "complemento" a todo ello, con la convicción de que todas las partes implicadas en combatir el desalojo deben dar "pasos adelante".