La juez lucense Pilar de Lara abrió diligencias previas por un presunto delito de acoso y abuso sexual contra el exconcejal socialista lucense y expresidente de la Confederación Hidrográfica, Francisco Fernández Liñares. Se trata de uno de los principales imputados en la operación Pokémon y es dentro de la misma en la que la instructora emitió una providencia dando cuenta a las partes de esta decisión.
La magistrada dice que a las diligencias abiertas "se les dará el destino correspondiente" y habrá de quedar constancia de ello en la Pokémon. La apertura de las mismas se debe a las declaraciones efectuadas en su momento al menos por tres mujeres, quienes indicaron que se vieron beneficiadas en oposiciones y puestos de trabajo por la presunta intermediación de Liñares a cambio supuestamente de relaciones de carácter sexual.
Una mujer que conoció a Liñares en una campaña del PSOE declaró que gracias al exedil consiguió un trabajo de seis meses como peón de jardinería en el Ayuntamiento de Lugo. "No te preocupes. Haré todo lo posible para que entres. Ya hablo yo con la gente del tribunal que lleva el examen", le dijo el exconcejal según la declaración de la mujer que consta en uno de los tomos de la Pokémon.
En la prueba había diez preguntas y cada una valía un punto. La aspirante a la plaza declaró que falló una y otra la dejó en blanco. Aún así sacó un 9. Explicó también en la declaración que donde cree que le prestaron más ayuda fue en una entrevista porque todas las preguntas que le hicieron "fueron muy fáciles".
Esta mujer fue preguntada si Liñares le daba dinero y ella respondió que no. "«Sí me dio alguna botella de vino, jamones, chorizos o carne que le daban por las aldeas", indicó.
La supuesta relación entre Liñares y esta mujer se mantendría cuando este estuvo ingresado en prisión. La testigo dijo que se habían carteado y que le había contado algunas cuestiones sobre regalos que le habían hecho.
Otras mujeres que declararon en la causa también indicaron que habían mantenido relaciones con Liñares para conseguir beneficios laborales. Un juzgado que instruye diligencias por presuntos enchufes en el consistorio lucense ya pidió al concello las preguntas de algunos exámenes para comprobar si coinciden con las que dijeron haber tenido algunos testigos.