La defensa del concejal socialista José Nogueira ha apelado a la declaración de dos funcionarios, que acudieron a prestar testimonio ante la juez instructora de la operación Pokémon, para pedir el sobreseimiento libre o subsidiariamente provisional sobre la base de que los argumentos empleados por Vigilancia Aduanera para acusarlo se han "desvanecido".
Las alegaciones presentadas por Nogueira han sido admitidas a trámite por la jueza, según figura en una providencia firmada a 10 de marzo por Pilar de Lara y a la que ha tenido acceso Europa Press. La jueza había rechazo la petición realizada con anterioridad y que ahora se alega.
"Las actuaciones judiciales y pruebas practicadas llevan a este letrado a concluir que se han desvirtuado todos los indicios que inicialmente han servido para instruir la causa contra Nogueira", señala la defensa.
La defensa del edil socialista -que está imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho- apela a que de las transcripciones de las conversaciones que hace Vigilancia Aduanera mantenidas con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, "nada se dice y nada se ofrece".
La imputación de Nogueira está relacionada con el expediente del Ágora y los servicios que fueron objeto de concesión. El abogado de Nogueira apunta que de los testimonios de los dos funcionarios "se constató que no se ejerció ninguna influencia, directa ni indirecta en la tramitación" del concurso.
A este respecto, la defensa refiere que uno de los testigos dijo que dio su "conformidad" con los informes del Ágora "por considerarlos perfectamente justificados y correctos", y concluyó que la tramitación del expediente "fue impecable".
Además, en la testifical, según apunta el abogado, se contestó con un "no" cuando el funcionario fue preguntado si había recibido alguna llamada de Nogueira al respecto del concurso.
Crítica que "resta credibilidad"
La defensa de Nogueira apunta que se "resta credibilidad" a la declaración de testigos "dando relevancia a las conversaciones telefónicas interceptadas cuyo contenido -sostiene- en modo alguno deslumbran ya no sólo un hipotético tráfico de influencias, sino un presunto delito de revelación de información privilegiada". "Nada más lejos de la realidad", añade.
En las alegaciones, se advierte a la jueza de que "no obra en ningún documento o testimonio que desvirtúe" la afirmación antes dicha "por la sencilla razón de que dicha conducta no ha existido". Y añade que "las conversaciones reproducidas en modo alguno permite concluir con una imputación" en los términos en que se ha hecho.
Para el abogado, a la vista de las declaraciones de los testigos, "se desvanece totalmente" la conclusión de Vigilancia Aduanera de que "Nogueira influyó para que se modificase" el concurso de una empresa perteneciente al Grupo Vendex, una de las principales investigadas en esta operación.
Al respecto de la recepción supuesta de 2.000 euros que se le imputa, y por lo que se le acusa de cohecho, el abogado señala que "no existe ningún documento contable o bancario que refleje el (supuesto) 'soborno', como tampoco consta un aumento patrimonial de Nogueira".
Previamente señala que, de haber existido dádiva o regalo, lo cual "niega" la defensa, parece "enmarcarse dentro de una hipotética financiación de partidos políticos", ajena a la órbita del código penal.
Liñares pide autorización para vender pinos
Por otra parte, el exconcejal lucense y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, uno de los principales implicados de la operación Pokémon, ha solicitado autorización judicial a la instructora, Pilar de Lara, para vender pinos de una plantación que tiene en Monterroso.
En un escrito presentado con fecha de 3 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la representante legal de Liñares esgrime que en la citada parcela de Monterroso hay una plantación de pinos y que, "por la edad de los mismos, ya no pueden crecer más, siendo que algunos se secan, existiendo ahora que se acerca la primavera, un riesgo importante de incendio".
Por ello, se interesa la autorización judicial para proceder a la venta de los mismos. Con el importe percibido, "del que será informada la juzgadora puntualmente", el escrito esgrime que Liñares procedería "a la reparación de los caminos que acceden a la finca y a la plantación de eucaliptos".
El documento también recoge que De Lara sería informada "igualmente" cuando esté hecho el trabajo, así como del coste del mismo, acreditando todo ello "con las facturas correspondientes". "La solicitud que aquí se evacua tiene como finalidad el mantenimiento de la finca, evitar el riesgo de incendio, así como la buena administración del territorio".
Queja del Seprona
Por otra parte, en una providencia notificada este mismo viernes, De Lara responde a un escrito del equipo de Seprona de la Guardia Civil de Lugo que, según relata, se queja de que cuenta con una plantilla reducida y que los informes solicitados por el juzgado "precisan gran dedicación y esfuerzo".
La juez ordena librar oficio dirigido al teniente jefe de la sección del Seprona, a quien traslada que ella "siempre ha reconocido la labor, esfuerzo y dedicación" que prestan los efectivos que integran su equipo en cuantas investigaciones le han sido encomendadas.
También subraya que es "plenamente consciente" de la situación de escasez de medios "personales" de que adolece su sección y sugiere que los responsables de la unidad o sus superiores deberían "adoptar las medidas necesarias" para subsanar demoras, si bien toma nota de las "justificadísimas circunstancias que anuncia (el escrito del Seprona) puedan comportar dilaciones en la presentación de los informes solicitados".
Finalmente, defiende que, como instructora, "en ningún momento" ha solicitado que las investigaciones que dirige tengan "prioridad alguna" sobre las investigaciones emanadas de otros órganos judiciales, toda vez que el Seprona reitera la "absoluta prioridad con la que se atienden los mandatos emanados" de De Lara.