El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP), trasladará un manifiesto suscrito por una decena de alcaldes de su provincia al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que se reclama que mantenga el actual mapa judicial. El manifiesto fue consensuado en la reunión con regidores de municipios con partidos judiciales.
Aunque el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), no ha acudido excusándose porque tenía que asistir al pleno municipal sí ha trasladado su total apoyo a la iniciativa liderada por el titular de la institución provincial.
En la rueda de prensa en la que ha presentado este acuerdo, Louzán ha destacado la unión de todos los alcaldes y señaló que Abel Caballero (PSOE), alcalde de Vigo, se había excusado porque tenía que realizar un viaje a Madrid pero que apoyaba este manifiesto.
Sin embargo, el secretario provincial del PSOE y concejal en Vigo, Santos Héctor, ha anunciado que los socialistas se desmarcaban de este acto con el argumento que es una "artimaña" de Louzán con la pretensión de hacerse "un lavado de cara" y recalcó que, "llega un año tarde" y que durante ese tiempo "no hizo nada" por mantener el mapa judicial, a diferencia del trabajo desarrollado por el alcalde de Vigo.
Otro socialista, el regidor de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, sí alabó durante la rueda de prensa de Louzán que surgiera este manifiesto conjunto con el que todos los alcaldes se encontraban de acuerdo.
En el texto que se remitirá al ministro se expone la "situación particular" de la provincia de Pontevedra por su configuración de la población y se denuncian los "graves perjuicios" que el proyecto de reforma de planta judicial supondría, si se modifica el mapa de partidos judiciales que "ejercen un efecto vertebrador de la actividad judicial".
En el documento, que fue leído por Rafael Louzán, acompañado por el alcalde de Caldas, el socialista Juan Manuel Rey, y por el de Lalín, Xosé Crespo (PP), se hace referencia a que el cambio supondría un "alejamiento de la Justicia al ciudadano" y las "consecuencias socioeconómicas" que la desaparición de estos juzgados conllevaría en todos los sectores de las comarcas.
Ante esta situación, se reclama al Gobierno central que paralice la tramitación de la ley y se demanda un estudio pormenorizado del mapa judicial, que tenga en cuenta la opinión de los distintos ayuntamientos afectados y de las instituciones y entidades para elaborar una Ley acorde con la realidad de la provincia.
Según los datos ofrecidos por el presidente de la Diputación, en 2013 se trataron 170.000 casos en 63 juzgados de los 13 partidos judiciales de la provincia.
Protestas en la calle
Al preguntarle por la posibilidad de trasladar las protestas a la calle en caso de que el ministro de Justicia no tenga en cuenta esta petición, Rafael Louzán ha indicado que este manifiesto es un primer paso y la fórmula que entiende que hay que utilizar en este asunto.
Ha añadido que en septiembre se decidirá qué actuaciones se desarrollan en caso de que no se obtenga una respuesta positiva.
Louzán ha afirmado que "quiere tener confianza" y "no nos planteamos otro escenario" que el mantenimiento del mapa judicial ya que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conoce la situación de la provincia. Ha añadido que "aquí non hay colores políticos, aquí hay unidad de acción y, por lo tanto, en defensa de una cuestión común".