La reforma judicial de Gallardón ha abiertos varios frentes, no solo entre los colectivos judiciales, sino también en los ayuntamientos. Los alcaldes de Santiago, Vigo y Ferrol han sido de los primeros regidores gallegos en mostrar su rechazo al anteproyecto aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros. Además, a estos tres municipios se han unido otros ayuntamientos y colectivos profesionales. El caso es que la reforma judicial de Gallardón ha abierto un gran conflicto en Galicia. Este miércoles ha sido el Consello de Avogacía Galega el que advertía de que con la reforma judicial que promueve el ministro Alberto Ruiz Gallardón la justicia será "lejana y distante". Asegura este colectivo que la eliminación de los partidos judiciales provocará el "alejamiento del ciudadano de la Justicia", que ya era, según recuerda, "cara e inaccesible" debido a las tasas. También, este miércoles se ha celebrado una reunión del alcalde de Santiago con los abogados y procuradores de la capital gallega. El regidor compostelano, Ángel Currás, ha anunciado el inicio de una defensa "unánime" del partido judicial de la capital de Galicia.
El Conselllo de la Avogacía de Galicia, según ha informado en un comunicado, advierte que la propuesta de Gallardón "se basa en criterios económicos que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva establecida en la Constitución". Sin embargo, no augura éxito al respecto.
Las razones por las que no espera el Consello que triunfe la reforma en cuanto al criterio económico radican en que, según sostiene, esta propuesta "perjudica la economía del rural, inutiliza las inversiones realizadas últimamente en edificios judiciales y olvida la dispersión poblacional del país".
Asimismo, los abogados gallegos recalcan que las quejas que origina la Administración de Justicia se refieren a la "escasez" de medios humanos y materiales y, especialmente, al "insuficiente" número de jueces, que produce dilaciones en la respuesta que la Justicia debe darle al ciudadano.
Respuesta "incomprensible
Sin embargo, según afirma el Consello de Avogacía Galega el sistema actual basado en partidos judiciales "funciona pacíficamente", está aceptado por la sociedad y, según añade, "no ha generado quejas de operador jurídico". Por ello, le resulta "incomprensible" esta respuesta del Gobierno ante las reclamaciones.
La reforma judicial de Alberto Ruiz Gallardón está recogida en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros. Con esta norma los partidos judiciales serían eliminados para crear tribunales provinciales de instancia.