La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha pedido a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que se regulen las manifestaciones, para que perjudiquen lo menos posible, idea que ha compartido la Comunidad de Madrid. El consejero Salvador Victoria ha advertido en esRadio que estas reiteradas manifestaciones están dañando la imagen de la capital, el turismo y el comercio. Ante esto Cifuentes ha contestado que las manifestaciones "no se llevan a cabo donde la Delegación del Gobierno decida, sino donde las organizaciones quieran realizarlas", cuestión que se ha interpretado como un claro desencuentro de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento con la Delegación del Gobierno a cuenta de las protestas.
Sobre este tema ha hablado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno Regional, Salvador Victoria, que ha afirmado En Casa de Herrero que ellos están "defendiendo siempre los intereses de los madrileños desde nuestra óptica". Así, ha explicado que no "han opinado" sobre la operativa policial porque creen que es "una cuestión que debe explicar la delegación del Gobierno como máximo representante del operativo". "Hemos condenado la violencia que se ha producido no solo a posteriori, sino que el propio presidente y yo advertimos de que la actuación de grupos radicales podía afectar y requería de medidas especiales", sentenció.
Ana Botella pide que se regulen las manifestaciones
Respecto al acotamiento de las zonas de manifestación en Madrid demandada por Ana Botella, Victoria ha comentado que "la reiteración de manifestaciones en la zona centro y en el barrio de Sol está perjudicando notablemente a la economía, al empleo, turismo de nuestra ciudad y por tanto es una zona muy sensible". Por lo que ha informado de que lo que piden es "una ordenación de manifestaciones" y ha señalado que "no tiene sentido que todos los días tengamos en la Puerta del Sol tres, cuatro manifestaciones por causas ajenas a las administraciones". "Pedimos que se ordene esa manifestación dentro de la ley y respetando el derecho de manifestación".
Sobre la respuesta de Cifuentes
Respecto a la declaración de Cristina Cifuentes en la que ha rechazado el cambio de los itinerarios, Salvador Victoria ha opinado que "no se corresponde con algunas resoluciones que también hoy hemos conocido en las que se han cambiado itinerarios", para lo que ha mencionado "una manifestación contra la reforma laboral en la que la delegada del Gobierno ordenó que se celebrara en la Puerta del Sol y no en Neptuno". Por lo que "se ve que ciertamente hay un margen dentro de la ley", añadió.
En este sentido, el consejero de Presidencia y Justicia ha afirmado que "la ley no puede ir contra el sentido común" y que el de los madrileños "es que cada vez que venimos al centro hay lío" y ha denunciado "que no parece razonable que la Puerta del Sol esté todos los días tomada por furgonetas de la Policía porque eso disuade al turista, al comerciante, al taxista…". Así, ha comentado que "el sentido común exige que las Administraciones no nos amparemos en la incompetencia sino que demos la cara y aportemos soluciones" y ha comentado que cree "que este es el planteamiento que tiene la Comunidad de Madrid y que tenía la delegada del Gobierno cuando hace un año ella misma propuso en algún medio la modulación del derecho de manifestación" pese a que "luego al Ministerio de Interior no le gustara luego la propuesta".
Telemadrid no tendrá que readmitir los despidos
Salvador Victoria se ha referido también a la confirmación de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de forma íntegra, del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) donde se declaró el ERE de Telemadrid "no ajustado a derecho" e "improcedente". En este sentido, ha afirmado que "esta sentencia confirma una sentencia que vino a declarar con forma de derecho el ERE, a avalar los despidos derivados de él y lo único que dijo es que las indemnizaciones tenían que ser superiores a las fijadas en el Expediente de Regulación de empleo". Además, ha defendido que "esas indemnizaciones eran bajas porque los representantes sindicales no quisieron negociar ningún tipo de indemnización por lo que se puso una mínima y se daba por hecho que habría que elevarla". "Ambos fallos judiciales confirman la legalidad de la decisión que tomó el ente público", sentenció.
Al mismo tiempo, el consejero ha explicado que esto supone que "si los sindicatos y los representantes sindicales hubieran tenidos más en mente derechos los intereses de trabajadores, se hubiera llegado a una negociación que incorporaba una indemnización mayor y un plan de recolocación de los trabajadores despedidos, incluso un plan de prejubilaciones, de reorientación profesional…". De este modo, ha denunciado que los "representantes sindicales tomaron una posición maximalista y hoy el Tribunal viene a decir que hay que aumentar esta indemnización, algo que ya se sabía y que ya ofreció Telemadrid".
Además, ha confirmado que estas medidas "garantizan la viabilidad" de la cadena y ha recordado que "en 2013 por primera vez en la historia Telemadrid no ha tenido déficit de explotación" y ha informado de que se "ha reducido su presupuesto en un 44% y la aportación que hacía la Comunidad de Madrid". "Hemos hecho una televisión autonómica pública viable", afirmó al tiempo que confesó que "hemos pasado de una televisión de casi 1.3000 trabajadores a una que no llega a los 300" para hacerlo "viable ahora y en el futuro".
En relación a la audiencia, Salvador Vitoria ha defendido que se ve afectada "como en todos" los medios públicos debido a la "multiplicidad de canales" y a las actuaciones e incertidumbre jurídicas que "han llevado a que no se puedan otro tipo de decisiones". Así mismo, ha recordado que "los sindicatos en ese periodo de negociación obligado por la ley, en que los representantes se negaron, pusieron en negro el canal durante un mes" y ha comentado que la estabilidad jurídica actual permite "poder hacer planes de futuro", lo que se puede traducir "en cambios en parrilla, programaciones…" pero ha recalcado que es "una decisión ajena al gobierno" y que únicamente exigen "que no nos cueste más a los españoles".
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