Los contratistas de obra pública de Castilla y León ven como un "parche" el nuevo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que movilizará 5.000 millones de euros para actuar durante cuatro años sobre una veintena de corredores de todo el país. Consideran que está hecho a "medida" de las grandes constructoras, debido a que se sustenta en el modelo de colaboración público-privado, una fórmula poco desarrollada en España, que obliga a buscar financiación en los grandes fondos de inversión.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, explicó en declaraciones a Ical que este Plan solo resolverá el problema de las empresas de gran tamaño, que recordó manejan el 20 por ciento del mercado nacional, por lo que reclamó también actuaciones para las medianas y pequeñas empresas, si bien admitió que el PIC, que ultima el Ministerio de Fomento, permitirá a las pymes asumir parte de la carga de trabajo que genere puesto que previsiblemente los grupos constructores subcontratarán algunas tareas.

Asimismo, los contratistas de obra pública de la Comunidad reclamaron un plan en "serio" y a "largo plazo", que contemple todas las actuaciones necesarias, no solo en carreteras, sino también en ferrocarriles, transporte, telecomunicaciones o del ciclo del agua. Además, demandaron que se estudie la rentabilidad social de las actuaciones que demanda la ciudadanía, no solo la económica, que es la que prima en las obras que se desarrollan mediante la colaboración público-privada.

Precisamente, Enrique Pascual dio la bienvenida a este modelo, que propugna la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), si bien advirtió de que España no cuenta con la experiencia suficiente y el desarrollo normativo necesario para que pueda aplicarse como lo hacen otros países del entorno. En este caso, el Ministerio de Fomento ya ha anunciado que no se utilizará la fórmula de pago por disponibilidad.

Al respecto, Pascual puso de manifiesto la situación generada por la quiebra de las autopistas radiales de Madrid, que pasan a manos del Estado, para volver a ser gestionadas en el futuro por empresas privadas. Además, criticó que se impulse la construcción de nuevos tramos de carreteras con este Plan, cuando no se atiende las necesidades de mantenimiento y conservación de la red viaria.

También señaló que el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, que conlleva una inversión de 5.000 millones para actuar sobre más de 2.000 kilómetros en los próximos cuatro años, no podrá hacer frente a las necesidades que Seopan identifica en su último informe, que propone 880 actuaciones por un importe de 97.000 millones. En Castilla y León, la patronal de la construcción identificó 79 actuaciones (36 en carreteras, 42 en agua y una en tratamiento de residuos), que totalizan 7.158 millones de euros de inversión.

Desierto

"Más seco que un desierto". Así se encuentra para el presidente de la Cámara de Contratistas el sector de la obra pública, tanto en España, como en Castilla y León. Enrique Pascual recordó que las infraestructuras son el "motor" del desarrollo económico y del bienestar y advirtió de que el patrimonio viario presenta un "franco deterioro", provocado por años de crisis y restricción presupuestaria, que a su juicio lo han "echado a perder".

Explicó que la Comunidad cuenta con 32.000 kilómetros de carreteras que calculó necesitan una inversión "básica" de 570 millones, si bien hasta mayo se sacaron a concurso solo 47 millones. Por ello, la Cámara de Contratistas se ha dirigido por carta a a las tres administraciones y otras instituciones para trasladarles su preocupación por la "escasa" licitación de obras y el "retraso" respeto a sus propias previsiones para este ejercicio.

En concreto, de los 1.209 millones estimados por las administraciones, un 12,7 por ciento menos que en el ejercicio anterior, solo se había licitado al cierre de mayo 216 millones, un 17,9 por ciento del total y un 20,6 por ciento menos que los 272 millones que salieron a concurso en 2016. El Estado llevó al Boletín Oficial del Estado (BOE) actuaciones por importe de 46,4 millones, un 56,9 por ciento menos que un año antes, un 10,3 por ciento de lo calculado para todo el año.

La administración autonómico licitó 99,5 millones, un 17,5 por ciento de los 570 millones previstos para 2017. Esta cifra es muy inferior a la que se alcanzó el pasado año, cuando se rozaron los 134 millones. Mejor evolución presenta la administración local, con 70,3 millones, un 36,8 por ciento de los 191 millones previstos. "Este retraso en la licitación de obra pública está ocasionando numerosos prejuicios y generando una situación de gran preocupación e incertidumbre en las empresas y los trabajadores del importante sector de la obra pública e infraestructuras", recoge la carta.

Por todo ello, la Cámara de Contratistas anuncia diferentes medidas para que los responsables de las tres administraciones adopten con "urgencia" medidas para solucionar este "alarmante e injustificado problema".