Los jueces de Castilla y León concluyeron en el primer trimestre de 2017 un total de tres procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra nueve personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo, según facilitados del repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el conjunto del país, los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 97 personas en el primer trimestre del año, a través de 27 procedimientos. También se dictaron 36 sentencias, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8 por ciento del total, con 58 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y prevaricación administrativa.

En cuanto a Castilla y León, los juzgados y tribunales dictaron tres sentencias en procedimientos por corrupción, de las que dos fueron condenatorias y una absolutoria.

Por último, el número de personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados, asciende en España a 83 penados a 1 de abril –en 46 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 24 con el de cohecho- y 14 preventivos.

Repositorio

Asimismo, el repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.