El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, admitió hoy que la planificación y existencia de empresas locales en las autorizaciones de parques eólicos es una decisión "política" que partía del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, tal y como confirmaron fuentes jurídicas. González Mantero acudió al Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 4 de Valladolid, en calidad de testigo, por el caso que investiga el pago de comisiones superiores a los 80 millones a cambio de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León.

González Mantero, que entonces era responsable de eólicas en el EREN, ratificó que hubo un parón en la tramitación de parques eólicos para que, una vez entraran empresarios locales, se volviera a levantar ese parón. De ese modo, se otorgaban "preferencias en la tramitación, en beneficio de unos que aún no estaban, pero que conseguirían la autorización cuando entraran en el proceso". En todo caso, y siempre según estas fuentes, el director general reconoció que había una "exigencia, instrucciones y orden expresas políticas" de que "no se tramitaran unos parques hasta que no entrasen socios locales".

El abogado de la acusación popular, Emilio Martínez, que defiende los intereses de Ecologistas en Acción, apuntó a que las distintas declaraciones apuntan a la creación de una "línea sanitaria" que acabaría en la responsabilidad del entonces viceconsejero de Economía Rafael Delgado. En este sentido, señaló que "la sensación general es perturbadora, porque en muchas organizaciones criminales no violentas cuando hay un fallecimiento por causas naturales la tendencia es echar la culpa al muerto; aquí, si están implicados muchos funcionarios públicos, en paralelo la tendencia es echar la culpa al que se ha ido, en este caso, Rafael Delgado".

También afirmó que, según lo declarado por los testigos, Delgado "ha sido uno de los autores, pero auxiliado por una serie de ejecutores directos que jamás pusieron ninguna pega y todo les pareció bien". Uno de los cuales, en su opinión, es González Mantero, y el otro, el funcionario Tomás Ciria, que declaró en la segunda sesión.

De hecho, fuentes jurídicas explicaron que González Mantero reconoció hoy haberse ido a Madrid de trabajo, junto al propio consejero y la entonces viceconsejera de Empleo Begoña Hernández, y organizar una comida con otro antiguo alto cargo del PP en la Comunidad, Andrés Martín Paz.

González Mantero reconoció no ser funcionario y sí un cargo de confianza de Villanueva, una realidad que llevó al abogado de la acusación popular a dudar de que el consejero "nunca se enterara de un negocio de miles de millones de euros y que quedó al margen". "Las políticas de la Junta no las transmite exclusivamente el consejero, sino más gente. Es el peligro para salvar a otros. Por eso es una declaración perturbadora", insistió Martínez. De hecho, en la sala se habló de que el consejero "invitaba a los promotores locales a entrar", una cuestión que aseguró en público.

Igualmente, González Mantero fue requerido por los famosos documentos de Excel, de los que cabe la posibilidad, según el abogado, "de que estuvieran elaborados por las eléctricas, Iberdrola y Endesa, para ajustar los requisitos a sus intereses". "Quizá sea algo a investigar en el futuro", dijo el letrado.

También testificó hoy el jefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos, Mariano Muñoz, quien admitió, según fuentes jurídicas, que fue llamado a una reunión con Delgado, González Mantero y Ciria, "en el que recibió una hoja con los parques que debían ser autorizados con preferencia". Respondió que "estaba indignado porque no tenía firma, membrete y fecha, y lo puso a disposición del delegado territorial de la Junta". "Al parecer, todas las provincias habían recibido su hoja. Ahí se cerraba el círculo del control de Delgado y sus inmediatos ejecutores, y ahí pivota todo", reiteró el letrado.