La comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, tercera que se constituye en las Cortes en esta legislatura, arrancó con el acuerdo de que primero sean los técnicos los que comparezcan y después los políticos y la disposición de todos los grupos a que "se sepa la verdad y qué paso" con las ya inexistentes entidades de ahorro.

Como estaba previsto, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel fue elegido presidente de la comisión de investigación de las cajas -la primera que preside un representante de la oposición- y Pablo Fernández (Podemos), que presentó la suya y tuvo sólo el apoyo de IU, actuará de vicepresidente.

En declaraciones posteriores a la constitución formal de la comisión, con la presencia al comienzo de la sesión de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, Manuel Mitadiel apostó por el inicio "inmediato" de los trabajos y convocó ya una primera reunión para el 15 de junio con el objetivo de aprobar la metodología y el plan de trabajo.

"Se requieren explicaciones y las responsabilidades políticas que se deriven", aseveró el presidente de la comisión formada por los populares Isabel Blanco y Alfonso García Vicente, los socialistas Óscar Álvarez y José Ignacio Martín Benito, Pablo Fernández de Podemos y José Sarrión de IU.

Todos ellos expresaron "el ambiente constructivo y colaborador" y la buena disposición a que los trabajos se agilicen, para lo que ya piden que se habilite el mes de julio, a que se sepa la verdad de lo que pasó con la gestión de las cajas, en cuyos consejos de administración había políticos, en su mayoría a propuesta de PP y PSOE.

Los miembros de la comisión de investigación aceptaron la propuesta del presidente de que primero se llame a los técnicos para clarificar el camino a seguir y evitar así los "errores" de otras comisiones, como la del Hospital de Burgos, de la que son miembros Mitadiel y Sarrión, y que se inició con la comparecencia del presidente de la Junta y de los consejeros de Sanidad y Economía y Hacienda.

Pablo Fernández confió en que el buen ambiente del arranque de hoy continúe cuando se llegue al "elemento mollar" con las comparecencias y se llame a políticos -motivo que paralizó la de las eólicas así como que la causa esté en los tribunales-, a la vez que avanzó que en opinión de su grupo se debería llamar a los populares Juan Vicente Herrera, Tomás Villanueva, Fernando Martínez-Maillo, y a los socialistas Óscar López, José Francisco Martín o Zenón Jiménez Ridruego.

"No estamos cerrados a nada", afirmó la popular Isabel Blanco en relación a los políticos de su partido que se pueda llamar, si bien precisó que hoy se ha producido el arranque de la comisión y se analizará quién comparece así como si se solicita la presencia de alguno que pueda estar investigado en los tribunales. "Ningún grupo viene con nada predeterminado", valoró.

El socialista Óscar Álvarez manifestó que la ciudadanía tiene que saber qué ocurrió con las cajas en las que tenían su dinero, que pasaron a ser bancos, y subrayó que su grupo "no será una cortapisa" en la lista de comparecientes, en referencia a que se llame a miembros del PSOE.

"Podemos no quiere sacar un rédito político, sino que se sepa la verdad y se asuman responsabilidades políticas", explicó Pablo Fernández, que confió en que en esta comisión exista una diligencia en los trabajos con un presidente que es de un grupo de la oposición.

José Sarrión, que apoyó la candidatura de Pablo Fernández como "razonable" y por "afinidad política", consideró que esta comisión tiene como primeros desafíos fijar la metodología y la flexibilidad en la documentación que se solicite a la Junta, algo que estimó que no ha ocurrido en la que investiga un supuesto sobrecoste en la edificación del Hospital de Burgos. "Esperemos que la Junta no juegue al escondite con la documentación", apostilló.