El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, consideró como un caso de "corrupción de personas", y no de instituciones y administraciones, el presunto cobro de comisiones por la autorización de parques eólicos, que investiga la justicia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que pidió "perdón por anticipado" por estos hechos, que consideró de "enorme gravedad".

El jefe del Ejecutivo autonómico, que compareció a petición propia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, aseguró que la Junta no tuvo conocimiento de estos hechos hasta que un medio nacional difundió el 20 de abril de 2015 datos de un informe de la Agencia Tributaria, que detectó movimientos "injustificados" de dinero y bienes, que relacionó con los permisos otorgados por un exalto cargo de la Junta, el ex viceconsejero Rafael Delgado, a instalaciones eólicas.

Asimismo, Herrera defendió como "plenamente legal" el procedimiento administrativo y de avocación de la competencia sobre la autorización de instalaciones eólicas, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, y sostuvo que el "problema" fue el "mal uso" de esta figura para cometer actuaciones presuntamente ilícitas. También consideró que es una "barbaridad" sostener que la normativa se redactó con la intención de facilitar la comisión de actos delictivos.

En ese sentido, Herrera, que expresó el "absoluto" respeto y confianza en la justicia y aseguró que solo disponen de los datos publicados por los medios de comunicación, algo que calificó de "paradoja", reiteró que la Junta no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta hace dos años, ya que señaló que ninguna autoridad tributaria o judicial se puso en contacto con el Ejecutivo para denunciar estos hechos, que vinculó con actuaciones "exteriores", realizadas "en paralelo" al procedimiento.

Herrera, que reclamó una sanción para los acusados si se demuestra la comisión de los delitos de prevariación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, pidió perdón por una "mala actuación" y lamentó "profundamente" que se investiguen unos hechos "contrarios" a la voluntad de asentar el Gobierno de la Comunidad sobre los principios legales y éticos "irreprochables", aunque recalcó que no hubo "malversación de dinero público".

"Me alegro de que el Estado de derecho cuente con instrumentos para detectarlos y conocerlos y de que la justicia esté actuando ya", dijo Herrera sobre los pasos dados por la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella contra 21 investigados, entre ellos el ex viceconsejero Rafael Delgado y Alberto Esgueva, que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, donde está citado este viernes, 2 de junio, el primero y donde la Junta no ejercerá la acusación particular al ser rechazada su personación en dos ocasiones. Además, añadió, que es la mejor forma de que los ciudadanos puedan mantener su confianza en la "honorabilidad y honestidad" de la mayoría de los responsables públicos.

Procedimiento administrativo

El presidente de la Junta defendió el procedimiento administrativo "complejo y garantista" seguido por la Junta ante la "avalancha" de solicitudes, más de 2.000 entre 2005 y 2015, y recalcó que no se recibió ninguna denuncia sobre las condiciones ilegales que presuntamente se exigían para conceder la autorización. Destacó las "múltiples y sucesivas" procesos de información pública a los que se sometieron los expedientes, aportando transparencia.

Por ello, Herrera defendió que solo la Agencia Tributaria y la Fiscalía disponen de capacidad y competencia para determinar el movimiento injustificado de capitales e iniciar la investigación. El presidente destacó que tras conocer los hechos, a partir del 20 de abril de 2015, los servicios técnicos verificaron que todos los expedientes se tramitaron conforme a la legalidad y al procedimiento establecido.

Al respecto, consideró que los investigados se aprovecharon del procedimiento "legal" para al margen y en paralelo a lo establecido y mediante "coacciones", obtener un provecho "ilegítimo" o un "beneficio personal", algo que según Herrera también consideró el Grupo Socialista. De igual forma, sostuvo que se cumplieron todos los criterios establecidos, según los servicios jurídicos y técnicos, para aplicar la figura de la avocación de competencias, de forma que se concentraba en manos de Rafael Delgado la firma de las resoluciones sobre las autorizaciones.

Herrera explicó que fue utilizada en la mayoría de los parques autorizados entre 2005 y 2015, esto es, en 197 de los 209 totales, si bien señaló que solo en 35 existe una relación con lo planteado en la querella de Anticorrupción, que se conoció el 29 de abril de este año. El presidente destacó que no se presentó ninguna denuncia contra la decisión de recurrir en cada caso a la figura de la avocación. También señaló que la normativa de 1997 trató de evitar la especulación en la transmisión de derechos sobre parques eólicos, con una regulación más exigente que la Ley Estatal del sector eléctrico.

Finalmente, Herrera destacó que Castilla y León concentra el 24% de la potencia instalada, con 5.600 megavátios, tras una "carrera" de todos los territorios, impulsada por la política de primas, de la que aseguró se han beneficiado muchos ayuntamientos y ciudadanos. Por ello, al término de su intervención, el presidente de la Junta expresó la confianza en la justicia para que esclarezca con rapidez los hechos, que afectan a un exalto cargo, el primero -dijo- de su etapa en el gobierno que comenzó hace 16 años