El Procurador del Común, Javier Amoedo, ha cesado oficialmente en el cargo al cumplir el segundo y último mandato para el que fue reelegido en marzo de 2012 y estará desde ahora en funciones hasta el nombramiento de su sucesor, cuya renovación se tiene que producir a propuesta de los grupos de las Cortes y se elige por mayoría de las tres quintas partes de los procuradores del pleno.

Javier Amoedo, que ejerció como fiscal jefe en la Audiencia Provincial de León antes de acceder al cargo de defensor de los castellanos y leoneses, tomó posesión como Procurador del Común el 2 de noviembre de 2005 y renovó el puesto en abril de 2012, con el voto a favor de 82 de los 84 procuradores de las Cortes de Castilla y León.

El Procurador del Común es el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, elegido por mayoría cualificada por un periodo de cuatro años, según la ley reguladora de la institución. Cada anualidad presenta ante el Parlamento un Informe sobre el número de quejas recibidas, tramitación seguida y resultado de sus actuaciones.

Entre los años 2005 y 2016, el Procurador del Común ha presentado en las Cortes informes que en su conjunto han supuesto la tramitación de 25.036 expedientes por quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos y 379 expedientes de oficio. En 2015, fue el año en que más quejas recibió, con 4.329, que es el número más elevado en los 22 años de funcionamiento de la institución.

Según una resolución firmada por la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, conocida por Ical, se declara el cese de Javier Amoedo Conde como Procurador del Común por el "transcurso del tiempo legalmente establecido y su continuidad en funciones hasta el nombramiento de sucesor". Así, el alto comisionado seguirá en funciones hasta su relevo.

Cuando tomó posesión para su segundo y último mandato, en abril de 2012, Javier Amoedo realizó una encendida defensa del buen trabajo de esta institución para garantizar "los derechos de los ciudadanos" e instó a los grupos políticos representados en las Cortes a elaborar en esa legislatura (2011-2015) una nueva ley que definiera con claridad sus "competencias y funcionamiento".

En ese momento, también defendió el Procurador del Común que "la ciudadanía conoce la institución" y tiene "confianza en su trabajo" porque sabe que es "independiente, comprometida y próxima", y que su "prioridad" es "la defensa de sus derechos". Además, destacó que es "eficaz" aunque sus resoluciones no sean vinculantes, como demuestra que en los tres últimos años más del 75 por ciento de sus decisiones han sido aceptadas por las administraciones correspondientes.

En la ley reguladora de la institución, se recoge que, abierto el proceso electoral, la Comisión Parlamentaria presentará a la Mesa de las Cortes, en el plazo máximo de un mes, el candidato o los candidatos al cargo. De acuerdo con la Junta de Portavoces, elevará al Pleno de la Cámara, en el plazo de un mes, el nombre de un candidato. El Procurador del Común de Castilla y León será elegido por mayoría de las tres quintas partes.

Iniciativa pendiente

Los cambios normativos solicitados por el Procurador del Común no se produjeron, pero si se modificó en junio de 2013 la ley de las instituciones propias de la Comunidad para la adscripción presupuestaria del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo a las Cortes de Castilla y León, como ocurre con el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas.

De esa manera, se creó la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León, adscrita a las Cortes, que ejerce funciones sobre sus medios materiales y personales, el régimen de contratación de las instituciones propias, así como cuestiones comunes de organización y funcionamiento, "sin alterar las funciones específicas que constituyen su esencia", según recoge esa norma.

En esta legislatura, el Grupo de Podemos registró -junio 2016- una proposición de ley modificadora de la organización y funcionamiento del Procurador del Común y derogadora de la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León, que está aun sin debatir.

En su iniciativa, Podemos plantea que las Cortes puedan reprobar a los miembros del Ejecutivo de Castilla y León que no cumplan o no colaboren con el Procurador del Común, cuya figura quiere este grupo que se fortalezca y que desarrolle su mandato con independencia y sin estar adscrito a la Secretaria General de Apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad.