El leonés Jaime Rabanal, el experto que negociará la nueva financiación autonómica en el grupo creado por el Gobierno y las autonomías para revisar el sistema, aboga en esta entrevista a Ical, por una revisión global del modelo mejorando la ponderación del envejecimiento y la dispersión en los costes; y elevando la participación de las autonomías en los ingresos del Estado, así como su capacidad fiscal desde la armonización.

Rabanal, que este jueves acudirá a la primera reunión de este grupo, llevará debajo del brazo el documento de consenso que suscribieron todas las fuerzas de la Comunidad, en abril del año pasado. Este exconsejero de Economía de Asturias defiende que el nuevo modelo deberá garantizar la financiación de los servicios públicos, pero "no puede olvidar las desigualdades en renta de los territorios" en el reparto. Entiende que los expertos designados alcanzarán un postura de consenso, que considera viable en seis u ocho meses, aunque asume que la negociación política será otra cosa y el Consejo de Política Fiscal y Financiera podría tirarla a la basura y no pasaría nada.

¿Por qué es necesario reformar el modelo de financiación autonómica vigente desde 2009?

En primer lugar, porque estaba establecido que duraba cinco años y legalmente procede reformarlo. Además, durante el tiempo de desarrollo del modelo han pasado muchas cosas desde el punto de vista económico y hay que revisarlo para ajustarlo a la situación actual. Junto a eso, su resultado financiero tiene insuficiencias claras en relación con la financiación de los servicios públicos fundamentales. Algunos aspectos del diseño también se deberían tocar aunque la arquitectura del modelo tal y como está establecida es bastante racional para un país descentralizado, desde el punto de vista del gasto y el ingreso.

¿En qué sentido es razonable?

Desde el punto de vista de los problemas a los que tiene que dar solución. Hay una idea de coste de los servicios públicos fundamentales y una garantía de la financiación de esos servicios. Eso dicho así es muy simple, pero el modelo es más complejo y hay otros fondos que interfieren y dificultan el resultado inicial. Pero el modelo es bastante clarito. Hay que tocar el modelo en su conjunto porque requiere de una mejor ponderación de los criterios de reparto, con mayor peso de la dispersión o el envejecimiento poblacional que encarece el coste.

¿Cuál es el reto clave para la negociación?

La mejora de la financiación debe garantizar el principio constitucional de la equidad. Es decir, garantizar que todos los españoles, cualquier que sea el lugar donde viven, tengan los mismos derechos, el mismo nivel de acceso a los servicios públicos. Si conseguimos eso habremos avanzado bastante. Eso es fácil de formular, más complejo de hacer técnicamente, pero no tiene grandes dificultades, y desde el punto de vista político, con una dificultad mayor.

¿Entiende que es irrenunciable la suficiencia financiera?

Es muy importante. Es la suficiencia para la financiación de los servicios públicos fundamentales, pero eso no está desligado de la realidad económica y de los ingresos fiscales. No es la suficiencia en cualquier circunstancia y cualquier lugar. El mecanismo de financiación debe responder bien a cómo varia la situación económica, las bases fiscales, la recaudación etc..

¿Qué mensaje le ha trasladado el presidente de la Junta y la consejera de Hacienda ante el arranque de las discusiones?

Hay un documento de abril de 2016 que establece los principios generales a los que debería ajustarse el modelo de financiación. Es un gran documento hecho en un momento en el que no se hablaba de la financiación y ese es el camino a seguir. Los principios son muy generales y abiertos, por lo que tendrá desarrollo y es posible establecer en él marco una negociación con el resto de autonomías.

¿Tener ese documento será significativo?

Entiendo que debe serlo. El documento fija que debe ser un acuerdo multilateral entre todos, debe haber lealtad institucional, y defiende el principio de equidad, así como la garantía de financiación de los servicios públicos. A priori y más allá de que la realidad sea muy contundente a veces, me parece difícil que alguien se pueda oponer a eso.

¿Y acudir a las negociaciones con una postura de Comunidad?

Es importante para esa discusión tener un consenso político detrás sobre los elementos fundamentales. Que no haya discrepancias más allá de los detalles, es muy importante para discutir no solo ahora en la comisión de expertos, sino después. Es muy importante que haya una voz común de la Comunidad.

¿Se ha puesto en contacto ya con los otros expertos de autonomías con intereses comunes a Castilla y León?

No. Conozco a algunos de los consejeros, a otros les conoceré mañana y entre todos estableceremos la dinámica de trabajo.

En los inicios de los trabajos, ¿supongo que habrá que empezar por definir la cartera de servicios básicos?

Eso está definido básicamente. No hay grandes diferencias en la prestación de servicios. Hay un decreto que regula los servicios del sistema nacional de salud; una regulación de la enseñanza en España y una ley de dependencia. Lo que hay que ver es cómo se prestan y cómo se mide el coste.

¿Los criterios de ponderación serán la clave?

Hay una controversia en cómo se determinan las necesidades de gasto. Cada uno pondera unas variables conforme a las necesidades de su territorio, así que primero debemos ponernos de acuerdo sobre qué es lo que pesa en cada caso en el coste de la prestación de servicios. Aquí decimos que no es lo mismo prestar servicios en cualquier pueblo que en una ciudad, porque tenemos más del 30 por ciento de los municipios de España, casi 2.300. Tenemos unas características diferenciales que generan costes diferenciales, seguro, y decimos que más. Estamos dispuestos a discutirlo, si alguien nos convence de que es mucho más barato prestarlos en un pueblo de Castilla y León que en Carabanchel, podemos entendernos.

¿Qué variables debería marcar el nuevo modelo?

Castilla y León defenderá criterios de población equivalente, sobre el mayor coste de los servicios por la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento. No es lo mismo una persona de 70 años que una de 30, pesa de manera distinta y tiene ingresos distintos porque tiene gastos distintos. También diremos que la distancia, el desplazamiento, porque tenemos niños en núcleos de 22 personas y hay una escuela con un maestro. Discutamos eso. El modelo ya tiene una sistemática de medición de eso, aunque se puede mejorar. Pero algunos dicen que lo único que importa es la población a palo seco y nosotros decimos que no. Eso es una discusión que hay que ver cómo se cierra.

¿El declive demográfico deberá envolver la discusión sobre todas las variables?

Sin duda. Mal vamos a evitar la despoblación sino hacemos frente a una garantía de los servicios públicos en cualquier lugar. Es un elemento importante, sino damos garantía de servicios en cualquier núcleo de población mal podemos hablar de frenar la despoblación.

¿Supone esto también una defensa de lo rural?

Si. Los municipios los podemos dejar en dos, pero la población sigue estando donde está y esas personas deben tener acceso a los servicios públicos.

¿La prestación sanitaria marcará buena parte de la discusión por su relevancia?

Está claro. Es un gasto muy relevante y no es lo mismo tener el 35 por ciento de los consultorios del país que no tenerlos y eso cuesta. Algunos dirán que menos y nosotros diremos que más.

¿Y la inclusión de la Ley de Dependencia?

a Ley de Dependencia es deseable que se incluya en el modelo. Hay muchos datos a analizar, quien pesa más, si los mayores... y supondría elevar de forma sustancial la cuantía del modelo.

¿La otra gran pata serán los ingresos autonómicos?¿El problema radica simplemente en la crisis y su impacto económico como se ha apuntado desde el Gobierno?

Va más allá. En este país se ha establecido un gran avance, un gran desarrollo de la descentralización del gasto, y no ha ido pareja la de los ingresos y eso requiere de una revisión. Los ingresos deben permanecer en poder del estado y eso debe seguir siendo así por razones constitucionales y para no crear nuevos espacios fiscales, lo que sería técnicamente muy difícil. Pero en ese sentido, la participación en los tributos puede ser distinta. La nivelación vertical es un problema y debe haber más participación de las autonomías en los ingresos.

¿Es necesaria una mayor capacidad fiscal para las autonomías?

Si. Porque la autonomía lleva aparejada la corresponsabilidad fiscal, la capacidad de decidir. Pero no es fácil hablar de nuevos tributos. Se debe abordar con tranquilidad. Los hechos imponibles son los que son y no es fácil crear nuevos tributos. Se trata de mejorar la capacidad de decisión, la autonomía final de las comunidades. Es bueno, porque las autonomías internalizan los costes del gasto. Si decides gastar y pides los ingresos, te haces trasparente y los ciudadanos pueden juzgar con su voto.

¿Más capacidad fiscal con los problemas de armonización que ya existen?

Hay que plantearlo en un marco de armonización fiscal. Alguna diferencia fiscal debe haber, como algo lógico si tengo capacidad fiscal y puedo decidir. Debe haber cierta armonía fiscal por la unidad de mercado, para que no haya competencia fiscal desleal, ya que trastoca las decisiones económicas y eso es malo para el conjunto. Los impuestos deben tener la menor incidencia posible en las decisiones de los agentes y eso requiere de la armonización.

Otra de las reivindicaciones será la multilateralidad en la negociación. ¿Considera acertada este planteamiento?

La multilateralidad es un valor en sí mismo. Establece una discusión entre iguales y el resultado final es mejor. Pero los técnicos no entraremos en eso. Eso lo decidirán las autonomías con el órgano interlocutor.

¿Cree que el modelo debe apoyar la convergencia entre territorios frente a los que defienden que no puede generar agravios a los más ricos?

El modelo debe dar alguna respuesta a ese problema. Debe garantizar la financiación de los servicios públicos, pero no puede olvidar las desigualdades en renta de los territorios y dar respuesta a la financiación de otras cosas. No es indiferente para las autonomías que se puedan financiar los servicios públicos pero no se pueda hacer política territorial por falta de fondos. Sino tiene recursos para hacer esas política la convergencia nunca se alcanzará.

¿Y el papel del Gobierno?

Eso no quita para que haya una política territorial del Gobierno. Debe haber dos niveles de aproximación al problema, para que las diferencias en rentas no se perpetúen de por vida. Debemos tener las mismas oportunidades de empleo y de crecimiento. ¿Se puede resolver solo con el modelo? No; porque sino el Estado renunciaría a su política territorial. El modelo debe contemplar recursos para poder hacer política territorial.

¿Serán capaces de cerrar una propuesta de consenso este año?

Creo que será posible llegar a un consenso sino unánime, mayoritario. Sería la primera vez en la historia que una comisión de expertos no pueda llegar a un consenso. A partir de ahí hay decisiones que son de otro calado, desde lo político, con variables emocionales relevantes que entran en juego. Hay muchas estimaciones y hay que ponerse de acuerdo en qué bases de datos utilizamos. Mañana sabremos el plazo que se nos marca, si es de un año, o en seis u ocho meses sería razonable y habría tiempo suficiente para hacerlo.

¿Es efectiva una comisión de expertos para abordar este tema de Estado?

Las comisiones de expertos en el mundo funcionan bastante. Plantean soluciones a problemas globales, liman diferencias y esa es la función que tienen. Se utilizan en muchos países con buenos resultados. Daremos una propuesta que en nuestra opinión represente lo más ajustadamente posible las necesidades y características de todas las autonomía. Ese es nuestro trabajo. Luego estará la parte política, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera podrá tirarlo a la basura, no pasa nada.