El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) justificó este miércoles la emisión de su informe favorable para la continuidad de la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña en el "avanzado" estado de ejecución de las modificaciones exigidas para su puesta de nuevo en funcionamiento.

El director técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera, explicó que, sin querer dar porcentajes de esos avances, de las cuatro grandes ejecuciones exigidas "dos están prácticamente finalizadas, una está realizada a la mitad y la última está a un nivel de desarrollo bastante adelantado". Estas cuatro modificaciones de diseño a las que hizo referencia Munuera son unnuevo sistema de reserva y tratamiento de gases, la separación eléctrica de cables, una modificación en válvulas para el aislamiento de la contención primaria y la protección de equipos frente a una potencial caída del techode la turbina ante un posible incendio.

La emisión del informe favorable permite que el Gobierno conceda la autorizacióna la central para su puesta en funcionamiento de nuevo, aunque el dictamen no limita esa autorización, motivo por el que la consejera y exministra Cristina Narbona ha dado su voto en contraal informe. En todo caso, el CSN quiso dejar claro que esa limitación o no de la ampliación de la actividad de la central le corresponde alMinisterio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), que será el que decida en última instancia si concede esa autorización.

"El Consejo no abre ni cierra centrales nucleares", defendió el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, en la rueda de prensa que ofreció, junto al resto de consejeros, en la tarde de este miércoles para explicar la decisión. En este sentido, Martí pidió a los medios de comunicación presentes la necesidad de transmitir "confianza" en el equipo técnico del CSN porque, salvando el "pecado original" de que los reguladores son elegidos por los políticos, "todo lo que se hace en esta casa viene de abajo arriba" expresó, y sustentó su trabajo en las más de 30.000 horas dedicadas a este expediente.

Munuera, ante la extrañeza de dictaminar a favor sin haberse completados los requerimientos del CSN, explicó que "no es una práctica no habitual" emitir informe favorable sin tener completadas esas modificaciones. El director técnico reconoció que en abril de 2015 el CSN remitió una carta a Nuclenor"consciente de que el titular no estaba terminando las modificaciones de diseño", carta en la que se advirtió de que "eso podía condicionar la emisión del informe". "Pero esas modificaciones han avanzado con el paso del tiempo", incidió.

Desde el CSN se defendió que el no poner una fecha a la solicitud de ampliación de la vida útil de la central no significa que se trate de un "aval sine die", sino que corresponde al Ministerio. La vicepresidenta del Consejo, Rosario Velasco, adujo a la autorización anterior para diez años (2009-2019) que se le dio a Garoña, y que el Ministerio finalmente dejó en cuatro años (hasta 2012).

Exigencias

Al margen de los requisitos "de tipo genérico incluidos en las autorizaciones de explotación de todas las centrales nucleares", ocho en total, el CSN ha fijado dos exigencias en torno a dos momentos concretos de la instalación. Es lo que han llamado "límites y condiciones" que, a juicio del presidente del Consejo, son "requerimientos muy exigentes", y se insistió en que Garoña "no podrá arrancar si esto no está hecho", como afirmóFernando Castelló Boronat, otro de los consejeros.

La primera se refiere en primer lugar al momento previo de la carga de combustible nuclear, en el que Nuclenor "deberá completar las actuaciones necesarias para alcanzar el nivel de seguridad nuclear y protección radiológica previsto para dicha situación operativa" y que consiste en "establecer un programa de Organización y Factores Humanos; la adaptación a la IS-30 del CSN, correspondiente a la protección contra incendios; la implantación de medidas post-Fukushima pendientes relativas a la instalación del sistema de venteo filtrado (SVFC), la construcción del Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), y el montaje de los recombinadores pasivos autocatalíticos de hidrógeno (PAR); o una prueba de validación en relación con la gestión de grandes cantidades de agua contaminada", entre otras.

La segunda se vincula directamente con la criticidad del reactor, es decir, con el momento de arranque en el que la central deberá "elaborar un plan de inspección de los acionadores de las barras de control para las dos siguientes paradas de recarga; informar al CSN sobre el cumplimiento del programa de actuaciones para el restablecimiento de la capacidad técnica del personal de explotación; efectuar una revisión del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE) incorporando las propuestas de mejora identificadas; o introducir en el programa de pruebas de arranque la realización de un conjunto de pruebas suficientes para comprobar la correcta respuesta dinámica de la planta ante transitorios previstos, programa que se presentará al CSN con una antelación mínima de nueve meses a la fecha prevista para la criticidad del reactor".

Según avanzó Antonio Munuera, "el titular tiene intención de implantar las modificaciones de diseño que le faltan en un periodo que ha planificado en 12 meses", aunque el presidente lo consideró un plazo "corto". Martí tampoco quiso hacer una estimación del coste de las inversiones para realizar estas modificaciones: "Cuánto cuestan no lo sabemos ni lo queremos saber. Nos da igual si le cuesta a Nuclenor 100 o 300", recalcó.

De recibir la autorización del Ministerio, Garoña se tendría que someter a revisiones periódicas por mínimo cada 10 años, por lo que si volviera a entrar en actividad le correspondería en el año 2023.