Margarita Robles, vocal del CGPJ y magistrada del Tribunal Supremo, ha analizado en los informativos de esRadio sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada por el Consejo de Ministros. Una de las principales novedades es el cambio del término "imputado" por "investigado" debido a la connotación negativa del término. Según Robles, este cambio "es una modificación irrelevante desde el punto de vista procesal".
La magistrada ha reconocido que "se ha distorsionado lo que supone ser imputado, que no significa nada desde el punto penal, sólo que hay unas investigaciones judiciales y se toma declaración a una persona". El hecho de imputarla es, ha explicado, "para que tenga garantías, para que pueda acudir con abogado o negarse a declarar". Lo importante, ha recordado, no es cuando imputan a una persona sino cuando "es acusada".
Según Margarita Robles, "después de tres ó cuatros meses volverá a llamar la atención el nuevo término, investigado", por tanto "no va a modificar nada". La magistrada del Supremo ha lamentado que esta reforma "sea nuevamente una oportunidad que se pierde para tratar de modificar los procedimientos penales ya que no se van a agilizar los procedimientos".
Plazos en las instrucciones
Una de las mayores críticas que recibe la administración de Justicia es su lentitud. No obstante, establecer plazos a la instrucción de los sumarios y su conclusión "hará que determinadas causas muy complicadas queden sin investigar lo suficiente". Robles ha asegurado que "en los grandes casos de corrupción, blanqueo de dinero... los delincuentes utilizan una gran sofisticación empleando sociedades interpuestas, paraísos fiscales..."
La investigación de ese tipo de causas son lentas, y ha puesto como ejemplo a la juez Alaya, que está pendiente de que organismos oficiales contesten, o el juez Ruz, al que Hacienda le niega información". Por tanto, en su opinión, con los plazos "van a permitir la impunidad" ya que "cuando un juez tiene que investigar la corrupción se encuentra muchas veces con paredes y obstáculos".
Por último se ha preguntado si el Gobierno será capaz de sacar la Ley adelante debido a que antes de fin de año habrá elecciones generales y teniendo en cuenta el parón estival. "Una reforma así debe tener un debate sosegado, escuchando a los expertos, y hacerla en 4 meses aprovechando la mayoría absoluta genera preocupación".